La nueva política de combate al robo de combustible ha expuesto viejas heridas al interior de Pemex, que ahora juegan en contra de la estrategia impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La administración ha apostado por la intervención en las tareas diarias en los complejos refinadores de Pemex, y el cierre de alguno de sus ductos, con el fin de frenar los continuos robos a su infraestructura.

Pero el plan ha mostrado sus limitaciones muy pronto, dejando sin combustible a varias estaciones de servicio en el occidente y el centro del país, incluyendo la Ciudad de México.

El cierre y la reparación de los ductos de Pemex sólo dará un breve respiro frente al robo de combustibles. La petrolera que dirige Octavio Romero Oropeza va a requerir de otras acciones para detener el hurto de gasolinas, coinciden expertos del sector.

“El gobierno lo ha justificado diciendo que cerrando los ductos se puede combatir el robo y venta ilegal de combustibles, el huachicoleo, pero parece una medida temporal y que causa escepticismo”, dice Thomas Heather, socio de González Calvillo.

La primera solución para atacar este problema pasa por tener más inversión privada en la construcción de terminales de almacenamiento y ductos, añade. “Por ahora hay algunos proyectos en construcción para el almacenamiento, pero han sido insuficientes, al igual que los proyectos de ductos nuevos”.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha dado permisos para incrementar en 100% la capacidad de almacenamiento existente en el país, que ahora ronda los 11 millones de barriles. Los nuevos permisos sumarían 28 millones, según cifras de la Secretaría de Energía (Sener) de noviembre de 2018.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene identificados el equivalente a 10.7 millones de barriles que se pueden almacenar en tanques que empleaba para combustóleo y otros combustibles, y que ahora pueden utilizarse para guardar gasolinas.

Pemex no es la solución

La segunda opción del gobierno para este combate es incrementar la inversión en tecnología para detectar y combatir el hurto en los ductos, considera Marco Cota, director de la consultora Talanza Energy. “Esto requiere y demanda recursos financieros considerables. Necesitas dotar a las autoridades policíacas y militares de recursos para detectar y detener a los criminales”.

Pemex lleva años desplegando un sistema de detección de cambios de presión en su infraestructura de ductos, llamado SCADA. Este equipo les permite visualizar desde una computadora los puntos donde existe una variación en la rapidez con la que pasan los productos, y así puede cerrar y reparar los tramos afectados. Pero la compañía puede detectar que le están robando, pero no detener a los ladrones, pues para ello necesita que los policías realicen la aprehensión.

La tercera solución pasa por permitir que exista más competencia en el transporte por ferrocarril y por pipas por parte de compañías privadas.

La reforma energética abrió la posibilidad para que la inversión privada pudiera traer combustible importado, sin usar las vías de Pemex.

Sin embargo, la petrolera nacional, y su sindicato, impidieron por años que firmas privadas pudieran dar este servicio de transporte privado para llevar gasolinas. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) llegó a multar a Pemex por esta práctica, pero la firma y sus trabajadores litigaron hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les dio la razón, al afirmar que, antes de la reforma, ellos tenían el monopolio del transporte y distribución.

Ahora los privados pueden intentar traer su combustible desde los puertos o la frontera con Estados Unidos, sin necesidad de depender Pemex, como lo hace ExxonMobil con la terminal que tiene en Querétaro. Además, ya existen firmas que compran el diésel por su cuenta, y para septiembre del año pasado, el 26% de las importaciones de este combustible ya provenía de privados.

Fuente: Expansión