Tras nueve meses de una profunda crisis política que ha costado la vida de al menos 325 personas, las críticas se dirigen cada vez más hacia el Ejército.
Los militares podrían jugar un rol determinante a la hora de evitar una salida caótica de la crisis, pero la población ve con recelo a quienes los analistas señalan de mantener un silencio cómplice frente a la violencia desatada por Daniel Ortega en este país centroamericano.
«Los militares no han dicho nada de los asesinados, heridos, capturados ilegalmente, los desaparecidos y los exiliados. Tampoco han dicho una sola palabra sobre el supuesto ‘intento de golpe de Estado’ que ha esgrimido Ortega para justificar el baño de sangre», explicó Roberto Cajina, consultor civil en seguridad.
«Se muestran insensibles. Ese silencio los ha convertido en cómplices silenciosos de Ortega: No intervienen ni a favor ni en contra, y en esta situación en Nicaragua es difícil mantener una postura de neutralidad», agregó.
La confianza de los nicaragüenses hacia una institución que era muy respetada en el país se ha desplomado. El Latinobarómetro publicado en septiembre revelaba que solo el 22 por ciento de la población confía en el Ejército, mientras en las redes sociales los ciudadanos critican su silencio y hasta exigen que sea derogado, tal y como hicieron sus vecinos costarricenses.
Pero no solo el silencio frente a la crisis ha afectado la imagen de los militares. Durante una década, Ortega ha reformado las leyes nicaragüenses para garantizarse una mayor influencia y control del Ejército.
El Mandatario comenzó un proceso de cambio en la Constitución política de Nicaragua, que terminó en 2013 con una reforma apoyada por la jefatura militar y en la que el Presidente se garantizaba la reelección indefinida y con ella la permanencia en el poder.
Además, Ortega, cuyo partido controla la Asamblea Nacional, presentó una reforma en la que se eliminaba la prohibición de reelección para el jefe militar, y en julio de 2014, a golpe de decreto, se informó a la nación de que había ordenado al General Julio César Avilés mantenerse como jefe del Ejército, rompiendo de esta manera el cambio periódico que se realizaba cada cinco años.
«Es muy probable que el silencio que el Ejército ha guardado a lo largo de la crisis, pero en especial sobre la masacre, haya sido el disparador de la pérdida de legitimidad de la institución ante la población y que, a la vez, le consideren cómplice, cómplice silencioso del régimen Ortega-Murillo», explica Cajina.
«Este es sin duda uno de los costos políticos del silencio de los militares y no estoy claro si estos estaban conscientes de ese efecto».
Fuente: Milenio