El fiscal general de Perú, Pedro Chávarry, anunció la noche del lunes que entregará este martes su renuncia a la junta de fiscales supremos -la instancia del Ministerio Público que lo eligió- que el pasado viernes le había pedido dimitir para acabar con cinco meses de inestabilidad y crisis en la institución. El magistrado perjudicó, entre otras, las pesquisas por corrupción y lavado de activos a cuatro expresidentes y una excandidata presidencial ligados a las actividades de la constructora brasileña Odebrecht.

Chávarry retiró la noche del 31 de diciembre a los dos fiscales clave del equipo especial Lava Jato, el nombre con el que se conoce la operación contra la corrupción de Odebrecht en Brasil. Uno de los magistrados a quien apartó, José Domingo Pérez, es el responsable de investigar a los exmandatarios Alan García, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, y a la líder de la oposición, Keiko Fujimori. La medida desató protestas ciudadanas en una docena de regiones del país en la Nochevieja y el mismo 1 de enero.

El 2 de enero, en una acción sui generis, el coordinador del equipo Lava Jato, el fiscal superior Rafael Vela, y Pérez apelaron ante la junta de fiscales supremos la decisión del fiscal general, dada la falta de razones para apartarlos del grupo. Al mismo tiempo, el presidente, Martín Vizcarra, entregó con sus propias manos al Congreso un proyecto de ley para disolver la junta de fiscales supremos que integra Chávarry y nombrar otra con los fiscales supremos adjuntos que elegirían un jefe provisional del Ministerio Público.

Vizcarra entregó dicha iniciativa de ley al legislativo, ya que la junta de fiscales supremos no tiene facultades para apartar al jefe del Ministerio Público en caso de falta de idoneidad o de probidad. El único organismo que pudo haber destituido a Chávarry era el Congreso, pero este, dominado por el partido fujimorista Fuerza Popular, aliado con el Partido Aprista de Alan García, protegió al fiscal general en los últimos cinco meses.

Cuando Vizcarra se dirigía al Congreso, Chávarry dejó sin efecto la medida contra los fiscales del equipo Lava Jato y así pudieron continuar con las investigaciones y el acuerdo de colaboración eficaz con la constructora Odebrecht, que entregará a partir de este mes más pruebas de los sobornos en las concesiones de infraestructura y de fondos de la caja paralela entregados para campañas políticas.

El pasado jueves, nuevamente miles de ciudadanos salieron a las calles en una docena de regiones del país, en la que denominaron Marcha nacional #FueraChávarry. “En aras de la autonomía del Ministerio Público y a fin de evitar que otros entes autónomos se vean igualmente vulnerados inconstitucionalmente, si soy pretexto para que continúen estos actos ilegales contra la institución a la que represento, presentaré mi carta de renuncia al cargo de fiscal de la Nación”, anunció finalmente el magistrado este lunes en su cuenta de Twitter.

Desde agosto, Chávarry ha bloqueado, con el apoyo de la bancada fujimorista Fuerza Popular, una investigación fiscal en su contra por ser presuntamente parte de la red de corrupción en el sistema de justicia, la mafia llamada los Cuellos Blancos del Puerto. La cabeza de dicha trama, el destituido juez supremo César Hinostroza, ofreció ayuda en 2018 a la hija mayor del autócrata Alberto Fujimori para evitar, mediante la revisión de una sentencia, que siga bajo investigación por lavado de activos. Pero cuando estalló en julio pasado el escándalo de la corrupción en el sistema de justicia, Hinostroza fue apartado de su cargo de juez supremo y huyó del país en octubre. Hoy está preso en Madrid mientras Perú tramita su extradición.

La junta de fiscales supremos, formada por cinco miembros, solo cuenta con un par de magistrados no vinculados con la trama de corrupción del sistema de justicia: Pablo Sánchez, quien fue el jefe del Ministerio Público hasta julio, y Zoraida Ávalos. Sánchez, como el más antiguo de la junta, tendría que asumir interinamente y convocar a elecciones, pero declinará para que dicha función la cumpla su colega Ávalos, jefa de control interno de la institución.

El futuro del magistrado, que seguirá formando parte de la junta de fiscales supremos, depende de lo que finalmente haga la mayoría fujimorista en el Congreso. Este lunes, el representante de Fuerza Popular no asistió a la Junta de Portavoces en la que iban a debatir la urgencia de que la subcomisión de acusaciones constitucionales discuta las cinco denuncias por infracción a la Constitución contra el fiscal general; es decir, el fujimorismo impidió lograr el quórum y siguió blindando al magistrado.

Si dicha comisión parlamentaria aprueba las acusaciones de infracción constitucional, estas pasarían luego a votación en el Consejo Directivo y posteriormente al Pleno. Una vez que sea desaforado, las investigaciones penales en su contra pueden continuar. También hay pendiente de debate una acusación constitucional contra el fiscal supremo Tomás Gálvez, sospechoso de formar parte de la red Cuellos Blancos del Puerto. Gálvez y el fiscal Víctor Rodríguez Monteza fueron los aliados del jefe del Ministerio Público hasta el pasado viernes.

Fuente: El País