El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y el Poder Judicial de dicha entidad, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación dos recursos de reclamación contra la decisión del ministro Eduardo Medina Mora, quien rechazó que las entidades del país intervengan como terceros interesados en la controversia constitucional que interpuso el ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
La mencionada controversia fue promovida por el ex titular del Ejecutivo Federal para protegerse de cualquier acción legal que ejerza en su contra la administración que encabeza el mandatario estatal.
Medina Mora admitió a trámite la controversia constitucional días antes de que Peña dejara el cargo.
El pasado 3 de enero, el ministro emitió un acuerdo donde puntualizó que no se le podía dar entrada a la petición de Corral, quien solicitó “tener como terceros interesados a los Tribunales Superiores de Justicia y a las Fiscalías del resto de las entidades federativas”.
En su acuerdo, Medina Mora señaló que no se advierte que el resto de los estados puedan resultar afectados por la sentencia que llegue a dictarse.
El gobierno de Chihuahua argumentó una posible invasión a la esfera competencial del orden federal, consistente en que los funcionarios federales no pueden ser sujetos a procesos penales del orden local por conductas realizadas en ejercicio de sus competencias y la aplicación de leyes federales.
Ahora, ante el acuerdo del ministro, tanto Corral como el Poder Judicial de la entidad, interpusieron los recursos de reclamación con la cual buscan echar atrás la decisión de Medina Mora.
En noviembre pasado, Peña presentó el recurso ante los reiterados amagos de Corral, quien aseguró que llevaría al ex presidente a la cárcel una vez que terminara su mandato.
Peña reclamó, a través del ex consejero jurídico de Presidencia, Misha Leonel Granados Fernández, cualquier intento que pretenda emprender en el futuro la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua, no solo contra el mandatario federal, sino contra integrantes de su gabinete.
“Las investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relaciones a actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relaciones directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones.
“La emisión de citatorios existentes o inminentes respecto de actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones”. Asimismo, la emisión de órdenes de detención.
Además de asegurar, que llevará a Peña a la cárcel, por supuestamente proteger al ex gobernador chihuahuense César Duarte, Corral ha manifestado que el ex presidente también puede ser llevado ante los tribunales internacionales por obstruir la justicia y proteger la corrupción política.
Fuente: Milenio