En una investigación de Reforma tuvo acceso a una nueva indagatoria del Gobierno de Chihuahua que concluyó que Duarte usó como «caja chica» una cuenta bancaria del Estado, desde la que se desviaron más de 542 millones de pesos en pagos en efectivo para partidos políticos, legisladores, opositores, familiares, clérigos, periodistas estatales y líderes sociales.
La Secretaría de Hacienda de la entidad (SHCH) fue la primera en percatarse que desde una cuenta a nombre de Caja Moneda Nacional se emitieron cheques que se endosaron en favor de la empresa Servicio Panamericano de Protección para cambiarlos y entregar el efectivo.
Para encubrir el presunto desvío, el Gobierno de Duarte simuló 10 contratos por 408 millones 505 mil 827 pesos, 6 órdenes de compra por 2 millones 980 mil pesos, y una póliza de 122 millones 863 mil 238 pesos, de acuerdo con la SHCH.
En el papel, los contratos eran para comprar productos básicos como leche, arroz, maíz y frijol, y pagar servicios como capacitación para personal operativo del sistema de transporte Vive Bus y la elaboración de manuales para la prevención de la violencia contra las mujeres, de los cuales no existe comprobación.
Los recursos, según la mecánica detectada, reingresaron a la caja en efectivo para luego ser entregados a diversas personas y organismos.
En la indagatoria se reportan 394 operaciones realizadas entre 2012 y 2015, en las que se incluyen una lista de supuestos beneficiarios y pagos, entre los que destacan un concepto denominado «Operación MFB», con 235 millones de pesos, así como el Comité Estatal del PRI, con 63.5 millones, y el Despacho Ejecutivo del Gobierno estatal, con 63.18 millones.
Las siglas MFB se vinculan a Manlio Fabio Beltrones, quien ha sido señalado en los desvíos de César Duarte, aunque el ex legislador sonorense ha negado reiteradamente estar implicado.
En orden de importancia, siguen Gerardo Villegas Madriles, ex director general de Administración de la SHCH -ya preso-, con 32.6 millones; la Unión Ganadera Regional del Norte, con 13.2 millones, y Pável Aguilar Reynal, dirigente estatal del PRD, con 10.8 millones.
Continúan Alberto Sandoval Pulido, con 10 millones; el ex diputado federal priista Carlos Hermosillo Arteaga, muerto en un accidente el 20 de marzo de 2017, con 8.5 millones; el empresario Anuar Elías Karam, con 5.25 millones, y un concepto denominado «Operación Gordillo», al que se destinaron 5.2 millones de pesos.
Para una «gira» por Ciudad Cuauhtémoc, se registran entregas por un total de 5 millones; al empresario Luis Carlos Baeza, 4.9 millones; a Armando Cabada, Alcalde de Ciudad Juárez, 4.3 millones; al Partido del Trabajo, 4 millones; a Alejandro Gloria González, diputado local del PVEM, 3.85 millones, y para el Banco Unión Progreso, 2.09 millones.
A Cruz Pérez Cuéllar, actual senador de Morena, 1.3 millones, y al diputado local priista Jesús Velázquez Rodríguez, 1.05 millones.
En esta lista aparece también Cristopher James Barousse, ex secretario de Vinculación con la Sociedad Civil del CEN del PRI -el único al que ya se le había relacionado como beneficiario de la «caja chica»-, con 1.27 millones, suma que sólo comprende presuntos pagos del 9 de enero al 23 de diciembre de 2013.
El documento indica que Sixto Duarte Jáquez, hermano del ex Gobernador, presuntamente recibió de la misma cuenta 945 mil pesos, y Beatriz Paredes Rangel, senadora y ex presidenta del PRI, 899 mil pesos.
Según el listado, Octavio Acosta Maldonado, ex subsecretario de Planeación de la Secretaría de Educación, presumiblemente destinó al menos 700 mil pesos para un «Bono a Obispos».
El documento incluye a Max Lebarón González, dirigente de Vanguardia Juvenil Agrarista, y María Guadalupe Aragón, ex dirigente estatal del PRD, con 300 mil pesos cada uno.
De acuerdo con informes allegados al caso, la Fiscalía de Chihuahua inició al menos dos indagatorias sobre la «caja chica».
Desde hace dos años, Jaime Ramón Herrera Corral, ex Secretario de Hacienda de César Duarte, se convirtió en testigo protegido y colabora con las investigaciones estatales.
Fuente: Reforma