El Parlamento británico tiene previsto votar este martes el Acuerdo de salida de la UE negociado por el Gobierno de Theresa May con los socios comunitarios. La probabilidad de que el texto sea rechazado pone en cuestión el calendario del Brexit, que prevé completar la salida el 29 de marzo. Bruselas estudia ya las fórmulas políticas y jurídicas necesarias para acordar un posible retraso del Brexit, aunque fuentes comunitarias insisten en que la puesta en marcha de todas ellas depende de Londres.
La opción que gana apoyos en Bruselas es la de prorrogar el período de negociación para la salida del Reino Unido de la UE, que expira el 29 de marzo (de acuerdo con el artículo 50 del Tratado de la UE). “Todo huele a que vamos hacia un retraso”, pronostica una fuente comunitaria.
May ha insistido este lunes en que no tiene intención de solicitar esa prórroga. Pero a poco más de dos meses de que se cumpla el plazo, la primera ministra británica no parece en condiciones de lograr que el Parlamento británico apruebe su plan de retirada.
La posible prórroga debería ser solicitada por Londres y aprobada por unanimidad por los otros 27 socios de la UE. En principio, el respaldo unánime sería factible. Pero varios países, entre ellos, España y Francia, ya han indicado su deseo de que la prórroga sea lo más breve posible para no prolongar una incertidumbre que daña los intereses de ciudadanos y empresas.
Los partidarios en Bruselas de una prórroga limitada apuntan que solo podría concederse hasta la primera semana de julio, en la que está previsto la constitución del nuevo Parlamento Europeo tras las elecciones del 26 de mayo. De ese modo, se evitaría que Reino Unido tuviese que convocar unas elecciones para elegir a unos europarlamentarios llamados a abandonar el hemiciclo de manera casi inmediata.
Fuentes comunitarias, sin embargo, no descartan una prórroga incluso mayor, aunque reconocen la dificultad jurídica de hacerla encajar con una renovación del Parlamento Europeo en la que, en principio, no debería participar Reino Unido. Y hasta ahora, ninguna de las fórmulas barajadas, desde prolongar el mandato de los eurodiputados británicos actuales hasta la más quimérica de retrasar las elecciones europeas, ha desbloqueado el problema. Fuentes diplomáticas advierten de que una solución fallida “dejaría toda la legislación futura del Parlamento Europeo expuesta a impugnaciones por ciudadanos británicos o de otros países europeos, lo que arrojaría una incertidumbre insostenible sobre el entramado legislativo comunitario”. Bruselas, sin embargo, no descarta encontrar un arreglo que lime todas las aristas
Los conservadores británicos partidarios del Brexit duro y la oposición laborista partidaria de un Brexit blando coinciden en rechazar el acuerdo sellado por May y la UE el pasado 25 de noviembre y exigen a la primera ministra una renegociación con Bruselas para alcanzar obtener mejores términos. Esa opción, sin embargo, parece la más complicada. La UE insiste en que el texto está cerrado y solo ofrece clarificaciones.
Este lunes, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se han dirigido este lunes por escrito a May para ofrecerle esas clarificaciones. Los dos líderes comunitarios insisten en su voluntad de negociar una nueva relación con Londres que evitaría la puesta en marcha de la llamada garantía sobre Irlanda del Norte (o backstop —en la jerga del Brexit— con la que se pretende evitar la instalación de fronteras entre las dos partes de la isla irlandesa).
Los diputados británicos partidarios de un Brexit tajante temen que esa garantía (que entraría en vigor al final del período transitorio, en enero de 2021) obligue a Reino Unido a permanecer anclado de manera indefinida a las normas europeas.
Juncker y Tusk aseguran en la carta que ese no es el objetivo de Bruselas. Y se muestran dispuestos a renunciar al backstop tan pronto como un nuevo acuerdo ofrezca una solución para Irlanda. Los dos presidentes europeos se muestran dispuestos a aplicar ese nuevo acuerdo de manera provisional, incluso si la ratificación se quedara atascada en alguno de los 27 socios. Parece poco probable, sin embargo, que esa oferta satisfaga a los parlamentarios británicos reacios a secundar el acuerdo de salida.
La negociación de la salida se rige por el artículo 50 del Tratado de la UE, que fija un plazo de dos años para pactar las condiciones entre el país que abandona el club y el resto de socios. May puso en marcha el reloj el 29 de marzo de 2017, con una carta en la que notificó la intención de Reino Unido de salir de la UE. Pero a dos meses de que expire el plazo y casi tres años después de que el Brexit fuera respaldado en referéndum, Londres sigue sin encontrar su salida.
Fuentes comunitarias dudan que la ruptura con la UE pueda consumarse sin que el pueblo británico pase de nuevo por las urnas. De ser así, la previsible prórroga del artículo 50 podría aprovecharse para celebrar unas nuevas elecciones generales o, lo que parece mucho más improbable, un segundo referéndum. Todo apunta, en cualquier caso, a que Reino Unido tardará casi tanto en salir de la UE como tardó en entrar en 1973: 12 años desde la primera petición (en 1961) y seis años desde la segunda y exitosa en 1967.
Fuente: El País