Colombia vivió ayer un episodio que devolvió a muchos a los temores de la era del narcoterrorismo, que azotó al país durante las décadas de 1980 y 1990. Y es que, aunque apenas pasó un año desde el atentado a una estación de la policía en Barranquilla, reivindicado por fuerzas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la explosión de un carro bomba en la Escuela General Santander, de Bogotá, sorprendió por no parecerse a ninguno de los episodios violentos registrados en la historia colombiana: un hombre actuó en solitario y sin aparente vínculo con algún grupo de guerrilla.
Sin embargo, pasadas diez horas después de que el Ministerio de Defensa informara que el acto arrebató la vida a 21 personas e hirió a más de 80 en la sede de uno de los iconos la Fuerza Pública colombiana, la Fiscalía ligó al responsable, José Aldemar Rojas, con el ELN, la principal guerrilla que queda en el país, después de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), que tras una firma de paz en 2016, se convirtió en partido político.
Los investigadores del atentado determinaron que Aldemar Rojas (alias El Mocho Kiko) quien se inmoló en el acto, era “un explosivista” de la fuerza oriental de la guerrilla y hombre de confianza de su líder, Luis Alberto Cortez, alias el Culebro Viejo, quien dirigía la rama más beligerante del ELN, de la que, se sospecha, mantiene nexos con organizaciones criminales en Venezuela. Hasta el momento, el grupo armado, con el que el gobierno colombiano se endureció bloqueando cualquier diálogo de paz, no ha hecho ningún pronunciamoento.
César Augusto Montoya, reportero de la emisora Radio Munera, dijo a La Razón que el hecho de haber sido Bogotá un nuevo blanco para el terrorismo desató la zozobra entre ciudadanos, al advertir que si la capital del país y, aún más, una instancia de seguridad nacional fue doblegada por la violencia, el resto de Colombia tendría que estar más expuesto.
“El pueblo colombiano teme regresar a los 80, al modus operandi del narco para atacar al gobierno. Aquí se ve como una muy mala señal que el corazón de la fuerza pública haya sido atacado”, dijo.
José Aldemar Rojas, de 57 años, originario de la ciudad de Puerto Bocayá, al norte de Bogotá, ingresó a la academia de policías en una camioneta Nissan Patrol 1993, en la que transportaba unos 80 kilogramos de pentolite, un material explosivo al alcance civil, dijeron autoridades.
Según los primeros reportes, el atacante, al darse cuenta de que uno de los elementos caninos de la vigilancia en la Escuela General Santander había detectado los explosivos, arrancó el vehículo, atropelló a los oficiales y se estrelló contra un muro para hacerlo detonar.
El hecho ocurrió mientras se celebraba una ceremonia de graduación, en la que los nuevos cadetes de la corporación estaban acompañados de sus familiares. Todas las víctimas mortales eran policías.
Las sospechas de que el ELN estuviera detrás fue un indicio desde el principio de la investigación, ya que el rastro del vehículo con el que se perpetró el crimen apunta a la ciudad de Arauca, fronteriza con Venezuela, con presencia del grupo armado, donde la camioneta tuvo su última revisión técnica-mecánica.
La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido heredero de las FARC, condenó el ataque: “Expresamos nuestra solidaridad a las víctimas y sus familiares y convocamos a todos los sectores a persistir en la construcción de un pacto nacional que saque la violencia y las armas del ejercicio de la política”.
Dirigentes de la formación advirtieron que “el atentado es una provocación contra la salida política al conflicto. Busca cerrar toda posibilidad de pacto con el ELN, deslegitimar las movilizaciones sociales y favorecer a sectores guerreristas. Nuestra solidaridad con familiares de policías”.
Fuente: La Razón