Venezuela llegó en 2018 al primer lugar de la alarmante clasificación de los países más violentos de América Latina. El país sudamericano cierra el año con una tasa de 81,4 homicidios por cada 100.000 habitantes —una cifra que lo coloca como el más violento de la región, por encima de El Salvador y Honduras— y un total de 23.047 personas asesinadas, según los datos recopilados por el Observatorio Venezolano de Violencia. Ante la opacidad de las estadísticas oficiales, este ente y ocho universidades miden año tras año la magnitud del problema en una nación que sigue desangrándose por la violencia, exacerbada por la peor crisis económica, política y social que se recuerda.
«En 2017 estuvimos de segundos, pero nuestros colegas investigadores en Honduras nos han dicho que la tasa este año estará por la mitad de la de Venezuela, y los de El Salvador dicen que será cerca de los 60 homicidios cada 100.000 habitantes. Claramente seremos el país más violento de América Latina y el de más homicidios en el mundo», ha subrayado este jueves el sociólogo Roberto Briceño León, director del Observatorio, en la presentación del informe.
La cifra bruta —23.047 muertes violentas— encierra otra aún más preocupante: 10.422 de ellas son claramente homicidios, pero otras 7.523 corresponden a lo que la policía clasifica como «resistencia a la autoridad». En otras palabras: casi la tercera parte ocurrieron a manos de las fuerzas de seguridad, en muchos casos en episodios de ejecuciones extrajudiciales. El resto —5.102— están todavía bajo el tupido velo de la averiguación.
«El Gobierno ha establecido que la única política para [solucionar] el problema es [hacer] desaparecer delincuentes y no reducir la delincuencia. Desde 2015 vemos con preocupación una política de exterminio de los delincuentes, un aumento de la acción represiva que no conlleva al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y va en contra de la institucionalidad y los derechos humanos», ha explicado Briceño León en la presentación del estudio.
El trágico récord se alcanzó a pesar de la reducción de la tasa, desde el 89 cada 100.000 habitantes registrado en 2017. Las razones que explican esta caída también pasan por el tamiz de la aguda crisis venezolana. El director del Observatorio Venezolano de Violencia apunta a que la citada política represiva de «acabar con homicidas», ha redundado en una reducción de los homicidios, aunque su legalidad y apego a los derechos humanos «estén en cuestión».
El empobrecimiento de la población de un país que ya supera los 12 meses bajo el yugo de la hiperinflación también ha traído consigo a un cambio en la modalidad del delito. «Muchas formas se han vuelto poco rentables para el delincuente, que opera en función de los beneficios que pueda obtener en función del riesgo que corre y los costos que debe pagar», agrega Briceño León. Un tercer elemento que asociado es la alta tasa de emigración: entre los que se van, en su mayoría los que están en peor condición económica, también hay muchas personas que pensarían en delinquir como vía para sobrellevar su mala situación.
Aun con la reducción, 296 de los 335 municipios del país están en lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica de «epidemia». Es decir, que registra tasas superiores a los 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. La localidad más violenta de Venezuela es El Callao, en el estado Bolívar, la zona minera del sur del país. Esa población carga con el fardo de 619,8 muertes violentas cada 100.000 habitantes, una cifra que pone a este pequeño pueblo a la misma altura que el Medellín de tiempos de Pablo Escobar. La minería legal e ilegal y la presencia de grupos guerrilleros que participan en el control de las explotaciones son parte de los factores que inciden en la elevada prevalencia de la violencia en la zona.
El Estado más violento es Aragua, en la región central del país, a una hora de coche de la capital, Caracas. Su tasa de homicidios duplica la nacional y el grueso tiene que ver con las llamadas muertes «por resistencia a la autoridad». A principios de diciembre, el asesinato de un adolescente de 13 años que lideraba una banda criminal puso en evidencia el nivel de penetración del crimen en la región. Además, el director del Observatorio Venezolano de Violencia apunta que otros estados como Sucre, en la costa oriental venezolana y Trujillo, cercano a Colombia, comenzaron a figurar este año entre los más violentos por la expansión del narcotráfico.
Las organizaciones criminales en Venezuela, profundiza Briceño León, se han ido haciendo más rurales, tomando matices de guerrillas. Y la producción agroalimentaria se ha convertido en el nuevo botín de la delincuencia, lo que ha incidido en el aumento de su precio final por los costos asociados a la seguridad. «No se trata de un fenómeno netamente urbano. Ahora vemos bandas criminales ubicadas en las zonas rurales, que salen a las carreteras y a otros pueblos a robar, por ello vemos un vínculo importante entre el delito y las carreteras del país», cierra el investigador. «Por ejemplo, en la autopista hacia el oriente del país, los camiones que transportan carga van escoltados y si van vacíos, circulan con las puertas de la cava abiertas para mostrar que no llevan nada y evitar ser asaltados por las bandas».
Fuente: El País