Son áreas completas de la administración pública federal en las que el gobierno está exigiendo renuncias del personal de confianza sin excepción, incluidos niveles operativos (los más bajos) y servidores hasta con 33 años de antigüedad. En un audio en poder de Excélsior, Alejandro Álvarez, coordinador de Comunicación Social del gobierno federal, solicitó la renuncia a 12 empleados, el pasado 13 de diciembre, con el argumento de que tenía instrucciones de eliminar la nómina actual antes de enero y dar esos lugares al equipo de confianza del Presidente.

La reunión en donde Alejandro Álvarez exigió las renuncias fue en las oficinas de la Presidencia, en la colonia Condesa. Ahí, trabajadores que acababan de recibir la noticia de que en sólo dos días estarían desempleados, todavía con esperanza  preguntaron si cabía la posibilidad de que el nuevo gobierno cambiara de parecer.

Sin embargo, Álvarez Ramírez respondió de manera tajante a los asistentes que era imposible porque, como la Oficina de la Presidencia es “muy sensible”, prefieren trabajar exclusivamente con gente de su confianza. Además, aseguró que el nuevo gobierno tenía acordado con la administración anterior que el propio vocero del expresidente Enrique Peña Nieto, Eduardo Sánchez, entregaría las cartas de renuncia de toda el área de Comunicación Social antes del 30 de noviembre, algo que había incumplido.

“No crean que esta parte es fácil (solicitar las renuncias). Es complicada… pero a mí me tocó”, indicó.

Excélsior entrevistó a una veintena de servidores públicos de diversas dependencias, a quienes se les exigió la renuncia, de las secretarías de Gobernación y de Economía; Comisión Nacional del Agua (Conagua); del Servicio de Administración Tributaria (SAT); Instituto Nacional del Emprendedor y de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade).

Las peticiones colectivas de renuncias comenzaron en noviembre, como sucedió con Rose Mary Espinosa, de Conagua, quien recibió la noticia de su jefe inmediato. Sin embargo, en la mayoría de los casos documentados se exigieron entre el 3 y 11 de diciembre, para hacerlas efectivas el día 15.

De acuerdo con los empleados consultados, fue el gobierno federal el que exigió a directores, subdirectores y jefes de área salientes que entregaran las renuncias de sus equipos a más tardar el 30 de noviembre.

Algunos directivos sí acataron estas órdenes, como Jaime Hugo Talancón, director general jurídico en Materia de Delitos Electorales de la Fepade. Sin embargo, la mayoría de los directivos salientes se negaron a exigir las renuncias a su personal.

“A mi jefe le ordenaron que, antes de irse, debía correr a la gente, pero nos comentó que no iba a hacer el trabajo sucio”, aseguró Elizabeth, del Inadem.

En las áreas donde los directivos salientes se negaron a despedir a su equipo, fueron las propias autoridades entrantes quienes lo hicieron.

Los argumentos que escucharon fueron los mismos: recorte del personal de confianza; desaparición de las áreas en las que laboraban; reducción del presupuesto; instrucciones para dejar la nómina en cero y cederla al nuevo personal. No fue negociable, se les liberaría un oficio por pérdida de confianza o se les negaría el documento de baja, indispensable para cobrar su seguro de separación.

Los servidores despedidos coincidieron en que las renuncias se llevaron a cabo de forma masiva, entre grupos de 10 y 40 personas. También que les entregaron ya las cartas redactadas con los espacios en blanco para colocar su nombre, fecha, firma y huella digital.

La mayoría de los despedidos ni siquiera llegaron a conocer ni mucho menos a entregar sus puestos al nuevo personal.

Por ejemplo, en la Dirección General de Finanzas de Presidencia llegaron sólo dos personas de la nueva administración, cuando desde el 5 de diciembre se les pidió la renuncia a aproximadamente 30 personas.

“Siendo la oficina más importante del país, por la cercanía y apoyo que ofrece al Presidente, tendría que haber sido la primera en completar su equipo, pero no cuentan todavía con éste”, aseguró un empleado de dicha área.

Por más que muchos de los directivos salientes abogaron ante la nueva administración para que retuvieran a trabajadores que representaban casos especiales, no tuvieron éxito. María, quien laboraba en Los Pinos desde el sexenio de Miguel de la Madrid y estaba a tan sólo cuatro meses de jubilarse, tuvo que firmar su renuncia.

“Se expusieron nuestros casos, pero al final salimos sólo con nuestra quincena. Están destruyendo a familias enteras”, reprochó María en entrevista con Excélsior.

A personal con discapacidad también se le pidió la renuncia. Tampoco se respetó a personal del Servicio Profesional de Carrera, como Patricia, a quien con 25 años de antigüedad en Gobernación le pidieron firmar su renuncia y sin darle los tres meses de indemnización que le correspondían.

“Nos están separando contra la ley. Nos están tratando como si fuéramos el enemigo, sólo por haber trabajado en administraciones pasadas”, dijo.

Rodolfo Martínez, socio del despacho Trusan & Roma, ha asesorado a empleados del Servicio Profesional de Carrera de diversas instancias a quienes, como a Patricia, se les exigió su renuncia sin una indemnización de por medio.

“Nosotros les pedimos que se den la oportunidad de luchar por sus derechos y que no renuncien, porque perderían su indemnización como lo marca la ley”, comentó.

Si se convirtiera en una realidad la reducción de 70% de las plazas de los 318 mil empleados de confianza de la Administración Pública Federal, como lo han venido diciendo los funcionarios del nuevo gobierno durante los despidos colectivos podrían superar 220 mil.

Cada vez son más funcionarios quienes levantan la voz sobre estos despidos que consideran injustificados. El personal de la Coordinación General de Delegaciones Federales de la Secretaría de Economía llevó una carta al Presidente en su conferencia matutina de Palacio Nacional; el representante de la Comisión Reguladora de Energía, Luis Guillermo Pineda, lo denunció a través de su cuenta de Twitter, y el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la CDMX envió un comunicado a los medios alertando que se estaban solicitando las renuncias de los empleados.

“Va a haber una reducción de 70% en la estructura de Presidencia. Les comentaba que Hacienda ya nos dio línea.  El presupuesto sale ya el día sábado y va a haber una reestructura, sobre todo en las oficinas de Presidencia”.

“La instrucción que nos dieron y que había sido un   acuerdo con el vocero, en su momento y es que íbamos a dejar las renuncias firmadas al 30 de noviembre, sin embargo, no hubo esa comunicación. Por eso me toca decirles que si me pueden firmar las renuncias, al 15 de diciembre”.

DESCARTAN CATÁSTROFE POR BAJA EN SALARIOS DE FUNCIONARIOS

Si bien no es legal y abre la posibilidad de que el gobierno federal enfrente demandas, la reducción de salarios a altos funcionarios no provocaría efectos catastróficos a nivel macroeconómico y, de hecho, resultaría positivo, porque aportaría a la redistribución de recursos para financiar prioridades que tendrán efectos en favor de un mayor sector de la población.

Así lo señaló Violeta Rodríguez, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM, quien destacó que se trata de  percepciones monetarias muy altas, comparadas con el nivel de ingreso del grueso de los mexicanos.

“Además, los impuestos que pagamos deben ser utilizados para crear empleos y reducir la pobreza, en vez de remunerar en exceso a unos cuantos servidores públicos”, opinó la especialista en finanzas públicas.

La investigadora reconoció que la reducción de salarios a altos funcionarios sí podría provocar efectos en la dinámica y calidad de trabajo del sistema administrativo federal e implicaciones laborales que provocarían  demandas por parte de los afectados.

“Aunque sus responsabilidades son proporcionalmente mayores y de suma importancia para el país, se han extralimitado los privilegios y percepciones de los servidores públicos de nivel superior”, consideró.

Fuente: Excélsior