La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó suspender la aplicación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece que ningún funcionario ganará más que el Presidente de la República, quien se fijó un salario de 108 mil pesos mensuales.

El ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, admitió el trámite de la acción de inconstitucionalidad que 55 senadores, entre ellos dos del PT y tres del Verde, aliados de Morena, interpusieron el pasado 5 de diciembre.

“Con el fin de preservar la materia del juicio y evitar que se cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio de 2019, no sean fijados en términos de la ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia”, señala el ministro en el acuerdo de admisión.

Por lo tanto, la Corte ordena al Congreso elaborar el Presupuesto de Egresos de la Federación como lo hizo para el ejercicio fiscal de 2018.

La resolución de Pérez Dayán, quien aspira a presidir la Corte, determina que las remuneraciones para 2019 de servidores públicos de los poderes de la Unión y de los altos funcionarios no sean fijados en los términos de la citada ley con base en el salario que el Ejecutivo puso, e incluye a integrantes del Poder Judicial.

“La suspensión solicitada para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio de 2019, no sean fijados en términos de la ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia”, indica el acuerdo.

En su demanda, los promoventes solicitaron que el máximo tribunal del país declarara la invalidez de la Ley de Remuneraciones porque “conllevaría consecuencias materiales perniciosas de muy difícil o inclusive imposible reparación”.

Senadores del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, además del senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), argumentan que las partidas dentro del Presupuesto de Egresos del 2019 relativas a las remuneraciones de los servidores públicos que se contemplan en la Ley de Remuneraciones, las cuales “vulneran los principios constitucionales”, no deben surtir efecto.

Ante esto, pidieron que el ministro ponente considerara el artículo 75 constitucional, el cual refiere que “la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en caso de que por cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo”.

El Congreso de la Unión deberá pronunciarse en los siguientes días para elaborar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, antes del 15 de diciembre. 

Fuente: La Razón