Los juzgadores federales del país respondieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los senadores de Morena a quienes señalaron de una clara intromisión contra el Poder Judicial de la Federación al que buscan debilitar, dejando a un lado el contrapeso que debe existir entre los Poderes de la Unión.
Acusaron que se ha querido posicionar «un falso discurso de que somos privilegiados y que vivimos del abuso del erario público señalando cantidades excesivas, como que percibimos más de 600 mil pesos que no corresponden ni cercanamente a la realidad, para centralizar como foco de atención un mero asunto de salarios. Nada más falso», dijo el magistrado Luis Vega Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación.
Lo anterior luego de que el Presidente ha anunciado una reducción de las percepciones de ministros y magistrados del Poder Judicial.
«En un auténtico régimen de división de poderes, en una democracia fortalecida, como la que permitió este cambio de rumbo, no caben los jueces dóciles, al servicio de nadie; la irreductibilidad salarial no es un privilegio, sino una de las diversas garantías de independencia de la Judicatura», manifestó.
Dijo que estos intentos por “condicionar” a los juzgadores federales han sido presentados a la opinión pública ejercicios modernizadores, que supuestamente harían más eficiente la impartición de justicia y permitirán ahorros para los ciudadanos, sin embargo, en el fondo esconden sus verdadera intención: debilitar el sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el estado de derecho”.
“El riesgo de mantener campañas de desprestigio contra los juzgadores, haciéndolos pasar por oportunistas que sólo buscan el beneficio personal, es el debilitamiento de la confianza ciudadana en sus propias instituciones”, declaró.
Dejó claro que la independencia “no es un manto de impunidad” sino que es el derecho humano que cada mexicano tiene para que un juez federal lo defienda de los abusos de las autoridades. “Porque no puede llamarse democrático un país en donde no haya contrapeso de poderes”, apuntó.
«La independencia no es un manto de impunidad, es el derecho humano de cada uno de los mexicanos para poder tener un juez federal que lo defienda de los abusos de las autoridades, porque no puede llamarse democrático un país donde no haya contrapeso de poderes», comentó.
Reiteró que el componente salarial es sólo una de las variables que conforman la intendencia judicial.
No obstante, el conjunto de medidas legislativas que se han emprendido que incluyen rotación constante de juzgadores, la aplicación de controles de confianza y criterios de género así como la designación de los consejeros de la Judicatura por parte del Senado para controlar la administración y disciplina interna , “se dirigen de manera frontal y sistematizada a establecer mecanismos para facilitar la intromisión indebida en contra de la Judicatura por parte de los otros Poderes de la Unión, lo que es injustificable a la luz del principio de la división de poderes”, añadió.
Fuente: Milenio