El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó a la Procuraduría General de la República entregar en un plazo no mayor a 10 días la versión pública de la averiguación previa y del expediente de seguimiento de cumplimiento a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Tlatlaya.
Durante la presentación del recurso de revisión RRA 7326/18 ante el pleno del organismo, el comisionado Joel Salas Suárez destacó que los documentos relacionados a los hechos violentos ocurridos el 30 de junio de 2014, en la comunidad de San Pedro Limón, perteneciente al municipio mexiquense de Tlatlaya, no son idóneos de reserva, pues surgen de las violaciones graves a los derechos humanos.
«Ningún hecho violento ocurre sin dejar huella y los archivos nos brindan los rastros o señales que quedan de cada acontecimiento. Los organismos garantes del acceso a la información y la protección de los datos personales, debemos asumirnos como corresponsables de los procesos de justicia transicional», planteó.
Aseveró que los organismos encargados de la transparencia y del acceso a la información están obligados a garantizar la disponibilidad de los datos, a fin de que tanto autoridades como la sociedad «tengan un lenguaje común, se generen vínculos de confianza entre ellos y muestren la disposición para sentarse en la mesa de diálogo a pesar de las posibles tensiones y los antagonismos».
«La apertura de información para detonar procesos de justicia transicional es una oportunidad para construir un México justo y reescribir la historia del país, una en la que la seguridad y el Estado de Derecho se cumplen donde no hay corrupción ni existe la impunidad. México ya no puede asumir un costo tan alto», afirmó.
Salas Suárez consideró que el anuncio del Plan Nacional de Seguridad «reafirma la importancia que en este contexto cobra la información pública, principalmente en un posible ejercicio de transparencia proactiva que permita generar un registro en tiempo de detenciones unificado, accesible y coherente con el derecho y las normas internacionales sobre derechos humanos».
Recordó que el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU advirtió que en México se registra un número preocupante de ejecuciones extrajudiciales y desde entonces existe un daño en el vínculo de confianza entre las autoridades y la población «en especial cuando se trata de autoridades que desempeñen funciones para salvaguardar la seguridad de las y los mexicanos».
Asimismo, el estudio Atrocidades innegables de Open Society revela que más de 150 mil personas fueron asesinadas intencionalmente en México entre diciembre de 2006 y finales del 2015, mientras que la Sedena recibió 10 mil 917 quejas por violaciones a derechos humanos de 2006 a 2017 y 125 recomendaciones por parte de la CNDH.
En tanto, el Washington Office on Latin America (WOLA) reportó que la PGR inició 505 investigaciones de abusos cometidos por militares entre 2012 y 2016; de las que sólo hay registro de 16 sentencias condenatorias.
Por ello, el pleno aprobó por unanimidad la entrega de la versión pública de la averiguación previa SEIDO-UEICA-174bis/14, así como el expediente de seguimiento de cumplimiento de la recomendación de la CNDH, en los que únicamente se podrán testar diversos datos personales, nombre y firma correspondiente a testigos, víctimas ofendidos, imputados, asesores jurídicos y peritos en los términos de la fracción I del artículo 113 de nuestra Ley Federal de Transparencia.
Fuente: Milenio