El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua (GIEI), de la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló hoy que en Nicaragua han ocurrido crímenes de lesa humanidad en el marco de la represión a las protestas desde abril pasado.
En conferencia de prensa para presentar el informe de ocho meses de labor del GIEI, la experta María Claudia Paz y Paz alertó que en Nicaragua impera una total impunidad, con agentes del Estado y simpatizantes que actúan violando los derechos básicos de las personas, con la anuencia de las autoridades.
“El sistema de justicia ha actuado como una pieza más del esquema de violación de los derechos humanos, a través de procurar la impunidad en las graves violaciones a los derechos humanos. El sistema de justicia en Nicaragua se ha constituido en un engranaje más de la represión”, dijo.
“Hay investigaciones que se deben profundizar para determinar responsabilidades, y si recomendamos que se investigue al actual presidente (Daniel Ortega) por la posible comisión de estos crímenes”.
Reveló que de los 109 casos de muertes violentas registradas en su periodo, un centenar no han sido referidos aún a un juez, por lo que “se encuentran en la impunidad”.
De acuerdo con el documento, durante las protestas que comenzaron en abril pasado, la policía disparó de manera sistemática contra la población, además de cometer torturas y abusos sexuales.
“En ningún caso se ha iniciado un proceso en contra de las fuerzas de seguridad del Estado, a pesar de que hemos visto distinta evidencia que señalan su posible responsabilidad”, dijo.
En su investigación, el GIEI entabló contacto con las víctimas, recogió las declaraciones de testigos y de organizaciones de derechos humanos y revisó durante los últimos seis meses tres millones de tuits y diez mil videos, pero no recibió información por parte del gobierno.
En tanto, Paulo Parenti, otro de los cuatro miembros del GIEI, aclaró que la Corte Penal Internacional no puede aún intervenir en Nicaragua, y pidió a la comunidad internacional juzgar a los responsables en el marco de la jurisdicción universal y conforme la legislación interna de cada país.
El GIEI emitió 24 recomendaciones para el gobierno nicaragüense, entre las que están cesar la represión y el hostigamiento contra opositores y ciudadanos, investigar y destituir a funcionarios que han participado en violaciones a los derechos humanos, y disolver y desarmar a los grupos parapoliciales.
El grupo de expertos presentó el informe en Washington luego que Daniel Ortega ordenó su expulsión el miércoles.
La CIDH reportó que la represión en los pasados ocho meses ha dejado 325 personas muertas, más de dos mil heridas y 550 detenidas y enjuiciadas, lo que ha conllevado numerosos casos de tortura, detenciones arbitrarias y persecución.
