La hora de la verdad para Theresa May llegará el próximo 11 de diciembre, cuando la Cámara de los Comunes vote, en un solo bloque, el Tratado de Retirada de la UE y la Declaración Política Conjunta que la primera ministra se trajo de Bruselas después de largos meses de agónicas negociaciones. En los próximos días, la batalla tendrá varios frentes y en ninguno pintan bien las cosas para la mandataria británica. El debate parlamentario durará 40 horas y será a cara de perro. Mientras, May recorre además el país para convencer a la opinión pública de que su acuerdo es el único posible, el mejor posible, y el único que garantiza de un modo ordenado el cumplimiento del resultado del referéndum de 2016.
El fiscal general, Geoffrey Cox, comparece este lunes en el Parlamento para explicar las razones legales que sostienen el Acuerdo de Retirada pactado con la UE. Su intención es realizar un discurso más «político que jurídico» en defensa de la idoneidad del pacto, sin dar los detalles técnico-legales, los «pros» y los «contras», que el Ejecutivo barajó antes de tomar su decisión. La oposición laborista, respaldada por los unionistas norirlandeses y por un amplio grupo de conservadores euroescépticos, reclama que se le entregue «todo el informe legal completo» que ha barajado el Gobierno, y anticipa que pondrá en marcha un «procedimiento parlamentario de desacato» si no les convence la explicación de Cox. De hecho, la reclamación obtuvo el respaldo prácticamente unánime de la Cámara el pasado 13 de noviembre, incluido el de los ministros de May, que no tuvieron ni argumentos ni estómago político para oponerse a una petición en apariencia razonable y que iba a salir adelante con el apoyo de toda la oposición.
Algunos comparan esta exigencia con la reclamación que se hizo al Gobierno laborista de Tony Blair de que entregara toda la información previa a la decisión de intervenir en la invasión de Irak. La última palabra la tendrá el speaker (presidente de la Cámara de los Comunes), John Bercow. Muchos expertos consideran que su decisión debería ser automática, sin tener mucho margen de maniobra. Si finalmente se pone en marcha el procedimiento, acabaría en manos de una comisión parlamentaria. No paralizaría el proceso legislativo del Brexit, pero podría provocar una crisis constitucional con pocos precedentes, de claro enfrentamiento entre el poder ejecutivo y legislativo, en un país de sólida tradición parlamentaria.
Este martes comenzará en la Cámara de los Comunes el debate sobre el acuerdo de retirada y la declaración política acordada con la UE. 40 horas de puro parlamentarismo en los que hasta el último diputado tendrá la oportunidad de plasmar para la posteridad su posición sobre la decisión más trascendente que ha adoptado Reino Unido en décadas. El Gobierno tiene intención de que el texto sea aprobado o rechazado en un solo bloque, pero nada impedirá a los diputados introducir enmiendas al texto. El Ejecutivo de May no está obligado a incorporar esas enmiendas, que seguirían su propio curso, en la primera votación, pero está claro que si prosperaran textos alternativos que alteraran en gran medida la propia naturaleza del acuerdo acabaría creándose un laberinto legal de difícil salida.
Theresa May juega la carta de la ideología en la recta final, e impulsa un debate cara a cara con el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn. Se celebraría en la BBC el 9 de diciembre, dos días antes de la votación final. Todavía está en el aire, porque el líder laborista exige un cara a cara sin periodistas ni comentaristas políticos como pretende imponer la cadena de televisión pública.
Pero lo más relevante no son los detalles de coreografía. Ya han surgido muchos críticos que acusan a May de jugar con las cartas marcadas. La primera ministra va a defender un Brexit que nunca defendió en la campaña del referéndum de 2016. El laborista va a atacar un Brexit que en el fondo nunca le ha acabado de disgustar. Quedan fuera del debate aquellos euroescépticos que reclaman el abandono sin condiciones de la UE, los proeuropeos que reclaman un segundo referéndum o los nacionalistas escoceses, que se han visto arrastrados a una decisión de la que no se sienten partícipes ni beneficiarios.
El día de la verdad para Theresa May. Necesita el apoyo de unos 320 diputados (hay 650 escaños, pero el speaker y sus vices tradicionalmente no votan y los diputados del norirlandés Sinn Fein no participan en las actividades parlamentarias) para sacar adelante su Brexit. Los cálculos actuales, tan fiables un día como aventurados al siguiente, apuntan a que apenas cuenta con 240 (se calcula que hay 90 diputados conservadores en contra), y eso incluyendo a algunos laboristas proeuropeos y anti-Corbyn que estarían dispuestos a romper filas con su partido. Los whips (látigos), aquellos parlamentarios con influencia y rango al frente de los diputados conservadores, trabajan contra el reloj para atraer partidarios a la causa. Todo vale. Promesas de cambios en aquellas leyes favoritas de los diputados, que les den puntos en sus respectivos distritos electorales; el cebo de un título de caballero y el paso a la Cámara de los Lores, o presiones poco disimuladas sobre un futuro político incierto si «traicionan» al Gobierno de su partido.
Si, por un milagro, Theresa May sacara adelante el acuerdo (tendría que ser ratificado en la cumbre de la UE del 13 y 14 de diciembre), lo que se habría aprobado sería la Withdrawal Act (moción de retirada de la UE), es decir, el tratado con la UE. Quedaría por delante la Withdrawal Bill (Ley de Retirada de la UE), que supondría nuevas semanas de debates y enmiendas, pero daría algo más de tranquilidad al Gobierno de May. Por poner un ejemplo parlamentario cercano al español, es como si el Gobierno saca adelante la votación en bloque que supone la enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales: respira tranquilo, aunque le queden duras semanas por delante y algún susto.
Si fuera rechazado en la primera intentona, el 11 de diciembre, el reglamento le permite al Gobierno someter de nuevo el acuerdo a votación en un plazo de cuatro días. Se ha especulado con la posibilidad de que esta sea la opción preferida por el equipo de May. Juegan con la idea de que el rechazo a su plan sumiría al país en la incertidumbre y, tras 96 horas de supuesto pánico en los mercados, la libra en caída libre, la presión de los votantes o del mundo empresarial, muchos diputados conservadores se pensarían dos veces su osadía previa y votarían a favor de May. En cualquier caso, es una situación extrema que el Gobierno no contempla oficialmente y que tensaría las cuerdas del Parlamento.
Si el acuerdo del Brexit es rechazado estrepitosamente en el Parlamento, el Partido Laborista ya ha anunciado su intención de presentar una moción de confianza, equivalente a la moción de censura española, pero sin necesidad de candidato alternativo ni espíritu constructivo. Lógicamente, una derrota en esta moción mandaría a Theresa May a la calle. Pero no es lo mismo para los diputados conservadores euroescépticos votar en contra de un Brexit que no les convence que votar para derribar a su propio Gobierno. No está claro que algo así pudiera prosperar.
Es una opción que nunca ha abandonado el tablero político. Si May sufriera una humillación colosal el 11 de diciembre, sería complicado permanecer al frente de Downing Street. Sin embargo, la primera ministra ha demostrado hasta ahora un pragmatismo y una frialdad de cálculo al poner en marcha los procedimientos legislativos o políticos que lleva a pensar que, si le queda una posibilidad por remota que sea de resistir, resistirá.
Si nada de lo anterior prospera, la ley permite a May, ante una derrota parlamentaria, un plazo fijo para acudir de nuevo ante la Cámara de los Comunes y proponer una alternativa. En este caso, tendría tiempo hasta el 21 de enero de 2019. Nadie ha expresado en voz alta en qué podría consistir este plan b, pero se abren diversas opciones. Negociar posibles cambios del acuerdo con la UE parece difícil, pero quizá una extensión de los plazos del Artículo 50, el texto activado por Reino Unido para iniciar la salida de la Unión Europea, podría ponerse sobre la mesa. Hoy la fecha fijada para abandonar las instituciones comunitarias es el 29 de marzo de 2019.
Nadie hubiera pensado que esta posibilidad tuviera vuelo hasta hace unas semanas, cuando se ha comenzado a comprobar la desesperada situación en que se encuentra el Gobierno de May. De momento, la primera ministra la esgrime más como una amenaza hacia los euroescépticos que como una opción a tener en cuenta. Reglamentariamente es posible, si prosperara alguna moción de los defensores de una segunda consulta posterior a la previsible derrota del acuerdo con la UE el 11 de diciembre. Los técnicos del Gobierno calculan al menos un periodo legal necesario de 22 semanas antes de que se pudiera celebrar ese segundo referéndum, que requiere una ley específica para ser convocado.
Si unos y otros tiraran la toalla y se resignaran sin más al resultado del 11 de diciembre, la opción es binaria. O, si el acuerdo es derrotado y no se pone en marcha ninguna alternativa, Reino Unido se encaminará hacia un Brexit a las bravas, sin acuerdo ni periodo de transición, el próximo 29 de marzo. El Gobierno y la UE llevan meses preparando dispositivos extraordinarios para hacer frente a esta eventualidad, pero todos admiten que la incertidumbre y el posible caos que generaría este escenario podría hundir la economía británica. Esa es finalmente la bala de plata de May, consciente de que, al borde del precipicio, muy pocos se deciden a dar el salto.
Fuente: El País