La Fiscalía de Nayarit pidió al Congreso local una declaratoria de procedencia con el fin de desaforar a dos magistrados y cuatro jueces, quienes aún están en funciones por su presunto involucramiento en un fraude que constaba del despojo de sus casas a más de 40 mil derechohabientes del Infonavit.
La Fiscalía informó que entre los años 2013 y 2018 se realizaron juicios de los llamados «espejo», con la supuesta complicidad de magistrados y jueces de los municipios de Compostela, Xalisco y Bahía de Banderas, entre los implicados supuestamente también está un notario junto a un despacho de abogados, todos coludidos para ejecutar de forma irregular las hipotecas de alrededor de 40 mil casas, las cuales eran propiedad de derechohabientes del Infonavit en los estados de Nayarit, Chihuahua, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Jalisco y Zacatecas.
Petronilo Díaz Ponce, fiscal estatal, dijo ante los legisladores que en 4 cuatro juzgados de primera instancia de los municipios de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas un despacho de abogados en contubernio con los juzgadores simulaban juicios que concluían en la adjudicación y escrituración irregular de las viviendas a favor del Infonavit y después daba las casas a un 75% de su valor de su avaluó.
Según las investigaciones, en los juicios eran falsificadas constancias, sin hacer las respectivas notificaciones ni emplazamientos de los supuestos demandados, además todo esto sin intervención del Ministerio Público, incluso las escrituras de las nuevas adjudicaciones las hizo el mismo notario.
Ante todo lo anterior, la Fiscalía dio aviso al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado para que se realizaran las investigaciones de las posibles responsabilidades administrativas de servidores judiciales, entre otros secretarios de acuerdos, notificadores y personal administrativo.
Hasta el momento se ha investigado que las actuaciones eran realizadas por personal contratado por el despacho externo y solamente se llevaban para firmas a los jueces, secretarios y notificadores del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quienes presuntamente, sabían del acuerdo e instruidos por los dos magistrados presuntamente implicados; se sabe también que hubo entrega de dinero en efectivo y entre otras prestaciones.
De manera que los implicados en dichos despojos, podrían ser acusados por los delitos de falsificación de documentos, fraude específico por simulación de acto jurídico, tráfico de influencias, asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho, peculado, contra la administración de justicia y los cometidos en la custodia de documentos.
De lo anterior, la Procuraduría General de la República fue avisada, pues podría tratarse de delitos de su competencia, además se ha tenido contacto con autoridades del Infonavit y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que desde su trinchera actúen de la manera en que corresponda.
Fuente: laverdadnoticias.com