La mayoría de Morena en el Congreso local aprobó, con 39 votos a favor y 11 en contra, modificaciones a la Constitución para que puedan tener la facultad de remover al fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler.
La ley fue modificada “fast-track” porque anteriormente hubo un “andamiaje” legislativo que permitió que las reformas constitucionales sean abreviadas: sin pasar por dos periodos ordinarios de sesiones y con tiempos abreviados para que los ayuntamientos veracruzanos, a través de sus cabildos, aprueben en 30 días las actas enviadas para las reformas.
El Partido Acción Nacional, en Tribuna, acusó un presunto pacto de amnistía entre Morena y el PRI. El diputado Sergio Hernández, coordinador de la fracción, acusó al Secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros, de haber sostenido encuentros con el exgobernador Javier Duarte en prisión.
«Sabemos que el Secretario de Gobierno ha sostenido reuniones con Javier Duarte. Sí, con aquel que está en prisión y le hizo tanto daño a las familias veracruzanas, haciendo evidente un pacto de impunidad que establecieron para ellos”, sostuvo el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional.
Recordó a los legisladores que no hay democracia sin diálogo, con opresión y sometimiento, pues dijo que estas prácticas ya parecían superadas y con Morena y su aplastante mayoría tal pareciera que regresan al principio.
«A ustedes diputados un llamado para actuar con apego a la legalidad, a que respeten la Constitución misma que ustedes juraron defender el pasado 5 de noviembre”, dijo.
Morena presentó un dictamen en el que dispone la remoción del fiscal feneral con las dos terceras partes del total de los diputados locales, en un acto que intenta remover al fiscal general Jorge Winckler, quien al final condujo a los ex funcionarios de la administración de Javier Duarte a prisión.
El PAN también ha señalado que el acuerdo entre Morena y PRI está claro cuando desde el pasado lunes, el tercer día de gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, su secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros, ha señalado insistentemente sobre la salida de los exfuncionarios de Duarte, y ha responsabilizado únicamente al exgobernador, Miguel Ángel Yunes, y al fiscal general de hacer acuerdos y pedir “pruebas de amor”, refiriéndose a los bienes recuperados en los denominados criterios de oportunidad, contemplados por la ley.
Fuente: Excélsior