La Comisión Nacional de Seguridad determinó que no trasladará del penal federal de Villa Aldama, Veracruz, al Reclusorio Preventivo Oriente, a Roberto Moyado Esparza, El Betito, presunto líder de La Unión Tepito, pese a las advertencias emitidas por un juez federal que amagó con arrestar a diversas autoridades por no acatar su orden.
Funcionarios judiciales revelaron que la comisión, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Previsión y Readaptación Social, impugnó el mandamiento judicial de Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Oriente, quien el pasado 5 de noviembre solicitó el apoyo del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, para cumplimentar una orden de arresto contra Rogelio Miguel Figueroa Velázquez, titular de los penales federales, por desobedecer su orden.
MILENIO dio a conocer que además de ordenar el arresto por 36 horas contra el servidor público, el juez determinó aplicar la misma medida contra el subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Carlos Emilio Sosa Aguilar; al director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, César Ramiro Rojas Gutiérrez; al director general del Cefereso número 5 en Veracruz, Jaime T. Fernández López, y al coordinador general de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Previsión y Readaptación Social, Antonio Molina.
El pasado 16 de agosto, Roberto Moyado y su hermano José fueron vinculados a proceso a nivel federal por 88 gramos de metanfetamina.
Después de una audiencia de nueve horas celebrada en la Sala 2 del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Oriente, la jueza Beatriz Moguel Ancheytaconsideró que hay elementos para presumir que Maldonado López es probable responsable de delitos contra la salud con fines de comercio.
Al término de la audiencia El Betito y su hermano fueron trasladados al penal federal de Villa Aldama, a petición del Gobierno de la Ciudad de México, por representar un riesgo para la población penitenciaria de la capital y también para garantizar su seguridad.
Fuente: Milenio