El sexenio que culmina dejará pendiente una serie de procesos e investigaciones federales que la nueva administración, sea por medio de la Procuraduría General de la República o como Fiscalía General de la República, tendrá la responsabilidad de continuar y concluir.

Destacan las indagatorias sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que incluyen los procesos que se le siguen a los principales acusados, como José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, y a integrantes de los Guerreros Unidos, entre otros.

A Abarca y a Pineda Villa se les acusa de haber ordenado el ataque y la detención de los alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos con el objetivo de evitar un presunto sabotaje de los estudiantes a un acto de la esposa del entonces presidente municipal.

Sobre los detenidos, que han sido relacionados con los Guerreros Unidos y a quienes se les imputa la detención de los 43 jóvenes, éstos han obtenido una serie de amparos para que se les reponga el procedimiento, pues denunciaron haber sido torturados para declarar; algunos ya obtuvieron la libertad por falta de pruebas.

Recientemente, un tribunal federal ordenó la creación de una Comisión de la Verdad sobre el caso.

Otro de los procesos que continúa como papa caliente es el de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, mediante un túnel subterráneo que daba a su celda del penal de máxima seguridad de El Altiplano, escape que derivó en la encarcelación de alrededor de 20 funcionarios públicos, muchos de ellos ya han sido liberados y siguen el proceso penal fuera de prisión.

Caso de corrupción

También deberán resolver las investigaciones y juicios en contra de exgobernadores, como el panista Guillermo Padrés, de Sonora, quien tiene pendientes con la justicia por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal, por los cuales ya logró que un juez le concediera seguir los procesos en libertad a cambio del pago de 140 millones de pesos como garantía, entre otras medidas.

De igual forma, al exmandatario de Chihuahua, César Duarte, se le siguen investigaciones y se le busca en Estados Unidos por lavado de dinero y fraude al fisco.

En una situación similar está el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, sobre quien pesa una orden de extradición a la Unión Americana, o el ya extraditado tamaulipeco Tomás Yarrington, quien todavía enfrenta cargos en el país.

Karime Macías, esposa de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, y quien se encuentra en Reino Unido, también es investigada por la PGR tras haber sido acusada de complicidad con su esposo para delinquir en contra del erario de Veracruz.

Las indagatorias marchan a paso muy lento, a pesar de los testimonios que pesan en su contra sobre la forma en que redireccionaba hacia empresas fantasma el dinero que ingresaba a las arcas veracruzanas.

…y los sobornos

El caso Odebrecht, uno de los más grandes relacionados con la corrupción en América Latina, ha exhibido a la compañía brasileña que ya aceptó haber entregado sobornos por 450 millones de dólares a funcionarios de 11 países, entre ellos a México, con el objetivo de obtener contratos de obra pública.

Hace un año, poco antes de dejar el cargo, Raúl Cervantes, entonces titular de la PGR, anunció que en corto tiempo daría a conocer avances sobre la investigación y los alcances que tuvo en el país la corrupción de la empresa.

Uno de los supuestos involucrados fue Emilio Lozoya Austin, entonces director de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien en tribunales ha logrado una serie de victorias para congelar las indagatorias en su contra, debido a las omisiones de los fiscales que han llevado el caso.

Recientemente, el Instituto Nacional de Transparencia ordenó a la PGR abrir la averiguación previa del caso Odebrecht, para dar a conocer una versión pública sobre la actuación de los agentes del Ministerio Público (MP) involucrados en la indagatoria.

Fuente: Excélsior