La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que establece que ningún funcionario podrá ganar más que el presidente, es contraria a la Constitución, advirtió el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés.
En entrevista con El Heraldo de México, el abogado constitucionalista dijo que se avecina una cascada de amparos en contra de este nuevo ordenamiento y es muy probable que se ganen los litigios.
“Va a generar inquietud porque prevé que el tabulador correspondiente sea incorporado al próximo Presupuesto de Egresos y evidentemente el temor que va a surgir en el ámbito de la burocracia mexicana es el de una disminución sensible en cuanto al monto de ingresos que tienen en este momento no sólo los altos funcionarios, sino también los (funcionarios) de nivel medio y bajo”, señaló.
Aseguró que es una ley “mal hecha” porque hace referencia a unidades de medida como el salario mínimo que ya no existe, y a una entidad que ya tampoco existe constitucionalmente como el Distrito Federal (ahora se llama, según la Constitución capitalina, Ciudad de México).
“Se trata de una norma expedida con precipitación, sin haber medido sus efectos y que evidentemente es contraria a la Constitución por el solo hecho de que haga referencia a unidades y entidades inexistentes”, enfatizó.
Esta ley, dijo Valadés, generará turbulencia en la burocracia mexicana. “Vamos a tener en adición a la turbulencia que ya existe con relación con otros temas, vamos a tener un elemento adicional de inconformidad en un sector importante de la población mexicana”, señaló.
Hace dos días, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Martí Batres, ordenó que se publicara el decreto que expide esta ley.
El oficio con la orden de publicación también fue enviado al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.
La ley establece que ningún funcionario puede ganar más que el titular del Ejecutivo, cuyo sueldo en la próxima administración, según lo anunció el presidente electo, López Obrador, será de 108 mil pesos.
Valadés dijo que es probable que esta ley sea declarada inconstitucional, y es desconcertante que los legisladores no se enteren de lo que dice la Carta Magna: “Lo que entiendo es que no hicieron modificaciones porque de haberlas hecho, habrían tenido que regresar la minuta al Senado…
“Es muy probable que los amparos se produzcan después de su publicación o una vez que se dé a conocer el tabulador al que la ley se refiere y ese tabulador se aprobaría en diciembre con motivo del presupuesto, de manera que tengo la impresión de que vamos a entrar en un periodo de mucha actividad jurisdiccional.
Insistió que la principal afectación es la patrimonial y que el número de afectados dependerá de cómo se presente el tabulador en el proyecto.
Fuente: El Heraldo de México