Las principales empresas de Reino Unido, convocadas este lunes en Londres en la conferencia anual de la patronal CBI (Confederación de la Industria Británica), acogieron con aplausos a Theresa May y respaldaron el acuerdo del Brexit alcanzado con Bruselas. El presidente de la organización, John Allan, aseguró que «el acuerdo no es perfecto, ya lo sabemos. Pero estamos tratando de alcanzar un pacto que respete el resultado del referéndum y minimice el daño a nuestra economía». La primera ministra volvió a comprometerse «a llevar a término el acuerdo y dar a los ciudadanos el Brexit que votaron».
La posibilidad de que Reino Unido saliera de las instituciones comunitarias sin ningún tipo de acuerdo transitorio ni reglas fijadas de antemano aterra a los empresarios británicos desde hace meses. Por eso han acogido con los brazos abiertos un pacto que establece con claridad que tendrán tiempo, como mínimo hasta el 31 de diciembre de 2020, para prepararse ante el nuevo escenario, y que ese colchón puede incluso prolongarse el tiempo necesario hasta que quede definida y acordada la nueva relación comercial entre Reino Unido y la UE.
May ha buscado la complicidad y el respaldo de los empresarios frente a los euroescépticos de su propio partido, que siguen trabajando en poner en marcha una moción interna de confianza en el seno del grupo parlamentario conservador para poner en cuestión el liderazgo de la primera ministra. «Aquí no estamos hablando de teoría política. Hablamos de la realidad de las vidas y de los medios de subsistencia de los ciudadanos. Sus empleos dependen de que nosotros hagamos bien las cosas», ha asegurado la primera ministra con una dosis de pragmatismo bien acogida por la comunidad empresarial y que pone contra las cuerdas al ala dura de los conservadores.
May reconoce que quedan flecos pendientes en el acuerdo de retirada de la UE cerrado con Bruselas, pero su discurso se centra ahora en la declaración política que acompañará a ese texto legal. En ella se perfilará la futura relación comercial del país con la UE, y el Gobierno británico pelea por que sea lo más concreta posible, aunque no tenga fuerza jurídica vinculante. Fin a la libertad de movimiento de ciudadanos -«recuperar el control de nuestras fronteras»-; fin de las contribuciones de Reino Unido a los presupuestos de la UE -«recuperar el control de nuestro dinero»; fin de la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia sobre Reino Unido -«recuperar el control de nuestras leyes»; y fin a la participación en las políticas comunitarias de pesca y agricultura que tanto malestar provocan en el ciudadano medio británico.
«Los ciudadanos de la UE ya no se podrán saltar la fila de la inmigración, sea cual sea su experiencia o capacidades laborales, para pasar por delante de un ingeniero de Sidney o de un programador de software de Delhi. En vez de eso estableceremos un sistema basado en el talento y las habilidades de las personas», ha asegurado May, muy consciente de que la principal preocupación de muchos empresarios radica en la posibilidad de atraer mano de obra cualificada a Reino Unido. Pero también mano de obra barata, y dispuesta a realizar los trabajos que los británicos rechazan. Por eso uno de los empresarios presentes le ha recordado que el turismo es parte importante de la economía del país, y que en los últimos meses este sector ha sufrido las incertidumbres del Brexit a la hora de atraer personal.
Theresa May ha visto con agrado cómo los empresarios asistentes a la conferencia abucheaban a uno de los intervinientes que acusó a la primera ministra de «retener indefinidamente a Reino Unido en la Unión Aduanera y plegarse a los intereses de la CBI, la patronal de la industria europea». Su respuesta, acogida con nuevos aplausos, ha insistido en que la voluntad del Gobierno es que no sea necesario extender el periodo de transición más allá de la fecha acordada. May se ha comprometido a evitar que esa transición siga vigente cuando llegue la próxima fecha de elecciones generales en el país, prevista para 2022.
Fuente: El País