En uno de sus últimos mensajes como presidente de México, Enrique Peña Nieto definió la herencia de su gobierno que concluye este 30 de noviembre:
“El México que estamos entregando es mejor, con mejor infraestructura, con más progreso y con condiciones de mayor bienestar que el que teníamos hace seis años”.
La frase causó controversia. De acuerdo con algunas encuestas, por lo menos el 80% de los mexicanos cree que ahora el país está peor que en 2012, cuando empezó la actual administración.
De hecho, Peña Nieto es el presidente con la peor evaluación a un mandatario desde los años 90, cuando empezaron las mediciones.
Consultoras como Mitosfky señalan que en agosto pasado, cuando realizó su encuesta más reciente, sólo el 18% de los mexicanos aprobó el desempeño presidencial.
El comentario de Peña Nieto, realizado en Guadalajara el 21 de noviembre define la forma como el presidente entiende al país, señala Francisco Abundis, director de la empresa de opinión pública Parametría.
“Lo dijo también en su último informe de gobierno” el 1 de septiembre, explica a BBC Mundo.
“Lo medimos en su momento y resultó que el 85% del país no cree que deja un país mejor al que tomó”.
Y es que en los últimos seis años ocurrieron varios problemas y escándalos que explican la mala aprobación presidencial.
Es un problema que aparece en casi todas las mediciones y encuestas sobre el gobierno de Peña Nieto.
El escándalo que detonó esta percepción fue la compra, por parte de su esposa Angélica Rivera, de una mansión valuada en US$7 millones.
El caso fue conocido como La Casa Blanca y representó una caída de al menos once puntos en la popularidad del presidente, según una encuesta del diario Reforma.
En agosto de 2014 su nivel de aprobación era de 50%. Tras el escándalo bajó hasta 39 puntos.
La imagen de corrupción asociada a su gobierno se agravó con las denuncias por desvío de recursos públicos de algunos gobernadores, como los de Veracruz, Quintana Roo o Chihuahua.
Los tres fueron definidos por Peña Nieto en la contienda electoral de 2012, como “ejemplo” del nuevo Partido Revolucionario Institucional (PRI), que lo había postulado.
Después una investigación periodística realizada por Animal Político y la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), reveló una serie de estrategias para desviar recursos públicos.
El caso se llamó «La estafa maestra» e involucró a secretarios del gabinete presidencial, universidades públicas y gobiernos estatales.
En 2017 México ocupó el lugar 135 de 180 países evaluados en el Índice de percepción de la corrupción, que realiza cada año la organización Transparencia Internacional.
El 26 de septiembre de 2014 desaparecieron, durante un ataque armado, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Es, según organizaciones civiles, uno de los casos más dramáticos de la historia reciente del país.
La Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) determinó que los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados por una banda de narcotráfico.
Pero los padres de las víctimas no aceptaron la versión oficial. El caso fue investigado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Su conclusión fue que “la verdad histórica”, como se llamó a la pesquisa de PGR, no podía sostenerse.
El GIEI presentó dos informes que fueron aceptados por las autoridades, pero sus recomendaciones no se han aplicado por completo según organizaciones de derechos humanos.
El gobierno de Peña Nieto no renovó la estancia de los expertos en México.
En junio pasado un tribunal federal ordenó rehacer la investigación, y crear una comisión de la verdad para determinar lo que realmente sucedió el 26 de septiembre de 2014.
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se comprometió a establecer esta comisión.
El caso Ayotzinapa se convirtió en uno más de los símbolos del problema de desaparición de personas en México, uno de los temas más graves de derechos humanos en el país.
La cifra real de desaparecidos no se conoce. La Secretaría de Gobernación afirma que son 37.485 pero organizaciones civiles afirman que pueden ser muchos más.
Una de las ofertas centrales de la Reforma Energética aprobada en 2013 fue que bajaría el precio de los combustibles, especialmente la gasolina.
Pero en enero de 2017 se canceló paulatinamente el subsidio a este hidrocarburo que, casi de inmediato, aumentó de precio.
El incremento provocó una ola de protestas en varios estados del país, y afectó severamente la popularidad de Peña Nieto.
De hecho según algunas encuestas realizadas después del aumento, conocido como “gasolinazo”, sólo el 12% de los encuestados aprobaron el trabajo del presidente.
El aumento de los combustibles “hizo que perdiera toda la credibilidad. La gente tenía la expectativa de que bajarían los precios”.
El de la gasolina fue tema frecuente en la pasada contienda presidencial, y según especialistas jugó en contra del candidato del PRI José Antonio Meade.
Cuando ocurrió el “gasolinazo” Meade era secretario de Hacienda.
De acuerdo con proyecciones como las del diario Reforma, durante el mandato de Peña Nieto se cometieron más de 125.000 asesinatos, la cifra más alta de la historia.
La violencia es uno de los temas que más se cuestiona al actual gobierno, que en su inicio se comprometió a terminar con la escalada de inseguridad en el país.
En los primeros dos años bajó la tendencia de homicidios. Pero después empezó un repunte que no ha logrado contenerse.
La violencia aumentó incluso en Ciudad de México, que desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico que declaró el expresidente Felipe Calderón en 2006 se mantuvo como una zona segura.
El gubernamental Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) señala que, en 2017, más de 25 millones de mexicanos fueron víctimas de al menos un delito.
En 2012, al inicio del gobierno de Peña Nieto, las víctimas de algún delito fueron 21,6 millones según el INEGI.
La población de México es de 119 millones de personas. Del total de delitos cometidos el año pasado, menos del 3% recibieron castigo según datos oficiales.
En agosto de 2016 Peña Nieto invitó al entonces candidato Donald Trump a una reunión en la residencia oficial de Los Pinos.
El encuentro fue uno de los asuntos más polémicos y que mayor costo político tuvo para el presidente mexicano. Muchos criticaron que se le ofreciera una condición de jefe de Estado al candidato que sostenía su campaña electoral con un discurso antimexicano.
El gobierno mexicano respondió que pretendía establecer un diálogo “respetuoso” con el magnate.
“Su interés genuino es por construir una relación y darle a nuestras sociedades condiciones de mayor bienestar”, dijo Peña Nieto.
Pero unas horas después de la reunión Donald Trump insistió en sus críticas a los mexicanos que viven irregularmente en Estados Unidos. En los mensajes para promocionar su último informe de gobierno, el presidente mexicano reconoció que fue un error invitar a Trump.
“Subestimé el gran resentimiento social que había para con el presidente Donald Trump”, reconoció.
El episodio fue una de las mayores crisis en el gobierno del presidente mexicano. Una encuesta de la consultora Mitofsky, por ejemplo, señaló que el 90% de los mexicanos se enojaron con la visita.
Trump, insisten especialistas, es una de las razones de la mala imagen del presidente Enrique Peña Nieto al finalizar su gobierno.
Fuente: Publimetro