Caracas denunció que México busca bloquear el acceso de alimentos a los venezolanos para provocar un caos, al sancionar a personas y empresas que vendían al gobierno de Nicolás Maduro comida de supuesta baja calidad y con sobreprecio.
El gobierno socialista considera que la investigación de la Procuraduría Geneeral de la República forma parte de una «guerra económica y bloqueo financiero» para derrocar a Maduro.
Según la investigación de la PGR, desde 2016 las personas y empresas sancionadas «han obtenido recursos (del gobierno venezolano), desviándolo de sus fines humanitarios, para en cambio adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos«, dijo en conferencia de prensa Israel Lira, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.
La comida que compra el gobierno de Maduro a empresas mexicanas va a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAPS), un sistema de distribución de alimentos básicos a precios subsidiados para sectores pobres.
Se trata de paquetes con leche en polvo, harina de maíz, aceite, arroz, frijoles y a veces latas de atún que son vendidos a los venezolanos por 10 bolívares, equivalentes a unos 70 centavos de dólar, en una economía en crisis tras cinco años de recesión, con escasez de alimentos y medicinas y una hiperinflación que alcanzará 10.000.000% en 2019, según el FMI.
Numerosas denuncias apuntan a que estos productos, sobre todo la leche en polvo, no cumplen con los estándares mínimos de nutrición, mientras investigaciones periodísticas aseguran que detrás de estas despensas se teje una red de corrupción y lavado de dinero entre empresarios cercanos al gobierno venezolano.
Según las pesquisas mexicanas, los intermediarios se dedican a «adquirir productos de baja calidad» y exportarlos a Venezuela con un sobreprecio de hasta 112%.
Así, el Ministerio Público de la Federación celebró un «acuerdo reparatorio», que garantiza que «los imputados harán entrega al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) la cantidad de tres millones de dólares», que serán destinados para atender a América Latina y el Caribe, dijo Lira.
Maduro lanzó en el 2016 el programa CLAP, pero analistas y opositores aseguran ha sido utilizado como un mecanismo de control social, pues la población beneficiaria tiene que registrarse y cumplir con ciertos requisitos.
Una gran parte de los alimentos y productos que son embalados en cajas, con los logos del CLAP, provienen de México.
A raíz de la medida adoptada por las autoridades mexicanas, las empresas se comprometieron a no realizar nuevas transacciones comerciales directa o indirectamente con el Gobierno venezolano.
Fuente: Milenio