El juez Richard Carhuancho suspendió hoy la audiencia de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y otros once de sus colaboradores por el delito de lavado de activos y dio plazo a la Fiscalía a remitir por escrito más detalles sobre las acusaciones y material omitido en los expedientes de la defensa.
Carhuancho dio un plazo de 24 horas al fiscal José Domingo Pérez para aportar lo solicitado por los abogados defensores, quienes señalaron que el expediente que recibieron para este trámite tenía documentación omisa y no recogía por escrito las acusaciones específicas para cada uno de las personas sobre las que pesa un pedido de 36 meses de prisión preventiva.
Según anunció el juez, una vez que todos los defensores reciban el material solicitado, volverá a citar a una audiencia en un plazo de 48 horas, por lo que se estima que el miércoles 24 a más tardar volverán a ser convocados a la sala.
Antes de este anuncio, los abogados de Fujimori y sus colabores Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama Tanaka, Adriana Tarazona, Carmela Paucará, Jorge Yoshiyama Sasaki, Vicente Silva Checa, Italo Pachas Quiñones, Luis Alberto Mejía Lecca, Giancarlo Bertini y Augusto Bedoya, solicitaron la recusación del juez Carhuancho por su falta de parcialidad.
En ese sentido, solicitaron la suspensión de la audiencia porque, como indicó la abogada de Fujimori, Giuliana Loza, “lo que está en cuestión es que se haga una interpretación constitucional que garantiza derecho a juez imparcial”.
Loza anunció el pasado viernes 19 la recusación contra Carhuancho por ese motivo, ya que ése fue el mismo juez que ordenó detenerla por diez días el pasado día 4 de octubre.
Fujimori fue liberada tras una semana en dependencias policiales al prosperar un recurso.
Ese planteamiento fue negado automáticamente por el juez, quien señaló que esa la recusación la deberá tratar una sala superior y quien ordenó proseguir el procedimiento tal y como lo recoge la ley peruana, que establece que un recurso ante un tribunal superior “no suspende el trámite” en este tipo de casos.
“El código dice que mientras estén pendientes cuestiones de competencia, está permitido pronunciarse (…). El juez está facultado para resolver medidas urgentes como el caso de una medida de solicitud de prisión de acusados”, dijo.
En la sala de audiencias estuvieron presentes Fujimori y varios de sus colaboradores sobre los que pesa el pedido de prisión preventiva, todos sospechosos según la Fiscalía de formar parte o dirigir una red de lavado de activos en el seno del partido Fuerza Popular para blanquear aportes irregulares.
De todos ellos, solo la principal asesora de Keiko Fujimori, Ana Herz de Vega, habló brevemente con los periodistas al afirmar que acudió al tribunal “dando la cara como siempre”.
“Somos un partido político, y quieren criminalizar a los partidos políticos. Es defensa de la democracia, nada tenemos que ocultar”, dijo.
El pasado viernes, el fiscal Pérez solicitó la prisión preventiva contra este grupo, apenas dos días después de que la gran mayoría de ellos hubieran sido liberados de una detención preliminar.
La investigación fiscal está dirigida contra la financiación irregular de la campaña de Keiko Fujimori para las elecciones presidenciales de 2011, donde presuntamente enmascaró grandes donaciones de dinero no declaradas con una contabilidad ficticia en la que figuraban múltiples aportes de personas particulares.
Entre las donaciones presuntamente ocultas estaría al menos un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, que la compañía, protagonista del mayor escándalo de corrupción de la historia de Latinoamérica.
Fuente: La Razón