Activistas a favor de la independencia de Cataluña bloquearon el lunes algunas de las principales autopistas, vías ferroviarias y avenidas en la región noreste de España un año después de que la policía interviniera para poner fin a un referendo separatista.
Adicionalmente se organizaron huelgas estudiantiles, discursos y manifestaciones para conmemorar el referendo del 1 de octubre de 2017, misma que había sido declarado ilegal por las cortes españolas y que causó la crisis política más grave en el país en varias décadas.
El primer aniversario estuvo marcado por un fracturado movimiento de independencia catalana, en medio de un tibio diálogo con el gobierno central, que ahora está en manos de un vulnerable gobierno socialista minoritario.
El día comenzó con manifestaciones organizadas a través de redes sociales por los Comités de Defensa de la República (CDRs), grupos activistas locales que surgieron tras la declaratoria de independencia basada en los resultados del referendo del año pasado, pero que nunca fue implementada.
Las autoridades centrales asumieron el control de Cataluña y una investigación judicial llevó a varios de los líderes separatistas a prisión, mientras que otros huyeron del país.
En Girona, al norte del Barcelona, cientos de activistas ocuparon las vías del tren de alta velocidad, obstruyendo la circulación durante más de dos horas antes de dejar la estación local de forma pacífica. Algunos de los manifestantes se trasladaron a las instalaciones locales de la delegación del gobierno español para exigir que se retire la bandera nacional del edificio.
Los CDRS también compartieron imágenes y publicaciones en redes sociales mostrando bloqueos en carreteras regionales y en varios puntos de la autopista AP-7, la principal vía en el este de Cataluña hacia la frontera con Francia.
Su presencia también obstruyó la circulación en algunas de las principales avenidas de ciudades como Lleida y Barcelona, la capital de la región, donde se tenían planeadas marchas.
María Vila, una manifestante que colocaba etiquetas con la frase “República bajo construcción” en la avenida principal de Barcelona, dijo que quería destacar la violencia ocurrida el año pasado y exigir que hubiera más avances en el proceso de separación.
El gobierno catalán no ha hecho gran cosa y estamos decididos a que se haga la República Catalana de alguna forma. Y si no, que se haga un referendo legal”, comentó.
En tanto, miembros del gobierno regional y otras autoridades volvieron a San Julián de Ramis, la población del norte que se ha convertido en un lugar simbólico para los separatistas catalanes debido a que hace un año la policía irrumpió en una escuela local para evitar que las personas votaran en el referendo.
Carles Puigdemont, el presidente de Cataluña en ese momento, tenía previsto votar en el lugar, pero tuvo que buscar una urna alternativa después de que la policía antimotines ingresara por la fuerza a través de las puertas de la escuela para confiscar las urnas, utilizando porras para dispersar y lesionar a los votantes que se rehusaron a marcharse.
Los incidentes fueron transmitidos en vivo y causaron presión en el gobierno central español, en ese entonces en poder de los conservadores.
Los separatistas clamaron victoria a favor de la independencia en las votaciones pese a ser decretada ilegal, a la violencia policial y la falta de supervisión estándar.
Fuente: Excélsior