La muerte del concejal opositor Fernando Albán desató una ola de acusaciones contra el Gobierno venezolano por tratarse de un considerado «preso político» que estaba bajo custodia de las autoridades cuando se suicidó según la Fiscalía, aunque esta versión ha sido ampliamente rechazada.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), la Iglesia católica, partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y varios Gobiernos han pedido al Ejecutivo de Nicolás Maduro una investigación independiente que determine responsabilidades en este caso.
La primera instancia internacional en pronunciarse al respecto fue la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de ONU al indicar que investigará este suceso ocurrido este lunes dentro de los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas.
La portavoz de la oficina, Ravina Sahmadasani, explicó en rueda de prensa desde Ginebra que la muerte en custodia del concejal Albán será uno de los asuntos que incluirá la investigación sobre las violaciones de los derechos humanos que realizará la entidad.
Luego, la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, instó a Caracas a llevar a cabo una investigación «rigurosa e independiente».
«Es el deber del Estado garantizar la seguridad e integridad física de todas las personas en custodia, así que ahora esperamos una investigación rigurosa e independiente para aclarar las circunstancias de la trágica muerte» de Albán, indicó en un comunicado una portavoz de Mogherini.
En el ámbito internacional también Gobiernos como los de Estados Unidos, Brasil y España sumaron votos para que se permita esclarecer este hecho y determinar responsabilidades, siempre resaltando que se trata de la muerte de alguien que estaba bajo custodia del Estado.
En Venezuela, la Conferencia Episcopal (CEV) puso en duda el «suicidio», tal y como informó la Fiscalía, y pidió que se aclaren los hechos, pues señalan que el opositor tenía «profundas convicciones religiosas».
Los obispos venezolanos señalan que las dudas se producen porque «todo detenido está bajo resguardo de los órganos de seguridad del Estado quienes se hacen responsables de su integridad física».
Los diputados fueron más allá en sus posiciones al denunciar presuntas torturas y la simulación del suicidio.
El legislador Juan Miguel Matheus aseguró que Albán fue víctima de torturas «con asfixia mecánica con una bolsa en la cara, por inmersión en un barril de agua, pretendiendo ahogarlo, y con electricidad (…) y en eso perdió la vida, en eso murió».
«Después de asesinarlo pretendieron simular suicidio como forma de derrotarlo, como forma de derrotar su conciencia, y lanzaron el cuerpo sin vida desde el piso décimo», añadió Matheus en medio de una sesión en la que el Parlamento rindió este martes homenaje al concejal.
La Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, responsabilizó al Gobierno del «homicidio» de Albán y pidió a la ONU y a la Organización de Estados Americanos (OEA) investigar su muerte, pues rechazan la versión oficial de suicidio.
El Legislativo solicitará «a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos» de la ONU, Michelle Bachelet; al Comité de Derechos Humanos de la organización y al secretario general de la OEA, Luis Almagro, «la designación de expertos independientes que participen en la investigación» del caso.
La AN expuso que existen «contradicciones» entre las versiones del fiscal general, Tarek Saab, y del ministro de Interior, Néstor Reverol, sobre cómo murió el concejal que fue detenido el viernes pasado al llegar a Venezuela procedente de EE.UU. y acusado de estar implicado en el fallido atentado contra Maduro del pasado 4 de agosto.
Según dijo Saab ayer, el concejal se lanzó al vacío desde el baño del piso 10 de la sede del Sebin en Plaza Venezuela -Caracas-, mientras que Reverol señaló que Albán se encontraba «en la sala de espera» de este centro y «se lanzó por una ventana de las instalaciones cayendo al vacío».
Medios locales mostraron en horas de la tarde una fotografía de la supuesta autopsia practicada al cuerpo de Albán según la cual el deceso se produjo por traumatismos y shock posteriores a una «caída de altura».
Ni siquiera este hecho ha callado las voces de denuncia contra la llamada revolución bolivariana por la muerte de quien ya empiezan a calificar de «mártir».
El último pronunciamiento fue el de los países del Grupo de Lima que exigieron al Gobierno de Venezuela una investigación parcial sobre la muerte del concejal opositor Fernando Albán, para esclarecer los hechos y circunstancias que han ocasionado este terrible deceso y adoptar las medidas que correspondan”, dice el comunicado.
El documento, firmado por los Gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía, expresa la «profunda preocupación por la trágica muerte» de Albán, del partido Primero Justicia, ocurrida este lunes «en circunstancias aún no esclarecidas».
El Grupo de Lima reiteró además su condena «a la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la persecución política y la existencia de presos políticos».
Fuente rcnradio.com