Activistas y defensores de derechos humanos advierten sobre los peligros y discriminación en torno a las terapias de conversión de orientación sexual que se promueven en la CDMX.
Romina (nombre ficticio) recuerda el dolor físico y mental que le ocasionó la «cura» a la que fue sometida luego de que sus padres descubrieran que tenía una pareja de su mismo género.
Por recomendación de una vecina, la llevaron con un grupo de personas que ofrecían «quitarle» la homosexualidad mediante castigos físicos y pastillas.
Cuando cumplió la mayoría de edad buscó ayuda y decidió salir de su casa para vivir con su novia.
Jaqueline L’Hoist, presidenta del Consejo para Prevenir la Discriminación (Copred), califica dichas terapias como discriminatorias y señala que en la mayoría de los casos constituyen diversos delitos.
Hace algunos meses, recuerda, comenzó un auge en redes sociales por el anuncio de un conductor, quien aseguró «haberse curado» de su homosexualidad.
«Quien ofrece el servicio está mintiendo a quien lo está recibiendo, porque está diciéndole que con la terapia lo que va a recibir es esta modificación de la orientación sexual», dijo L’Hoist.
Para combatir estas supuestas terapias, desde el Congreso capitalino y la Cámara de Diputados, se busca endurecer las penas al respecto.
El diputado de Morena Temístocles Villanueva presentó una iniciativa para modificar al Código Penal capitalino, en su Artículo 206 Bis, para tipificar los contratos, tratamientos, servicios, terapias o tareas que pretendan «corregir» la orientación sexual de las personas.
La iniciativa prevé que este tipo de prácticas sean consideradas tortura y contempla qué hacer cuando menores de edad sean sometidos.
«Tiene que ver con nuestra preocupación que sean menores de edad quienes sean víctimas de estos esfuerzos de corrección», explicó Villanueva.
Familiares, médicos o ministros de culto que permitan, promuevan o realicen las supuestas terapias a menores de edad serían acreedores a sanciones de uno a tres años de prisión y hasta a 300 días de multa.
Paralelamente, el diputado federal por MC, Jorge Álvarez Maynez, impulsa reformas al Código Penal federal y a la Ley General de Salud.
«Por considerarse un atentado al derecho de la libre construcción de la personalidad, supone una agresión y es causa de discriminación y violencia», ha justificado.
Explicó que una de las propuestas es retirar la patria potestad a los padres que obliguen a sus hijos a someterse a estos procedimientos.