El Gobierno de Nicolás Maduro ha desarrollado en los últimos meses un nuevo método para consolidar el ejercicio de la censura: el ataque cibernético y el bloqueo a portales informativos de contenidos multimedia. Con el control gubernamental casi total de la televisión y la radio, y el monopolio absoluto del papel para la prensa, que ya no es dispensado a medios con línea editorial crítica, el universo digital, con las redes sociales, es ahora casi el único espectro de la comunicación pública que mantiene su vigor tradicional en Venezuela.
Se trata de un procedimiento depurado y selectivo. Lo lleva a cabo la estatal Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) con la colaboración de empresas privadas que son presionadas. Las principales víctimas han sido las páginas web de El Pitazo, Runrunes y Armando.Info; además, la versión digital del diario El Nacional y el portal La Patilla.com. Los tres primeros fueron fundados por periodistas que migraron de medios tradicionales —que, tras ser adquiridos por capitales chavistas, desarrollaron una línea editorial favorable a Maduro— y especializados en periodismo de investigación, lo que les ha valido varios premios internacionales. Los otros son dos de los portales más visitados y populares de Venezuela. Todos tienen una línea crítica hacia el Gobierno de Maduro y se han dedicado a evidenciar parte de las máculas de su Administración.
El Instituto de Prensa y Sociedad pudo comprobar —según su presidenta, Marianella Balbi—, con ayuda del Observatorio Abierto de Interferencias de Internet, cómo el portal El Pitazo no estuvo disponible para sus lectores desde conexiones fijas y móviles el pasado 13 de agosto. La página Armando.Info también ha sufrido caídas desde el 29 de julio “con un bloqueo irregular, no homogéneo, en 10 de los 22 test de censura que se realizaron”. Dos días después, Crónica.uno recibió un ataque cibernético. En el estudio de estos ataques también participó la ONG Venezuela Inteligente.
Armando.Info está integrado, entre otros, por los periodistas Ewald Scharfenberg, Alfredo Meza, Joseph Poliszuk, Roberto Deniz y Maolis Castro. Los cuatro primeros viven fuera del país, tras haber sido demandados por el empresario colombiano Alex Saab, cercano al Gobierno, a quienes acusaron en documentados reportajes de colocar, en contubernio con funcionarios oficiales, productos adulterados y con sobreprecio en las bolsas de comida de uno de los programas de asistencia oficial.
César Batiz, director de El Pitazo, relata que el primer ataque al medio se concretó el 7 de septiembre de 2017. “De tener 75.000 visitas diarias, pasamos a 11.000 al día siguiente”. Otros dos bloqueos se han concretado en 2018: el 9 de abril y el 31 de julio. Batiz atestigua que, además de los bloqueos oficiales, han identificado ataques cibernéticos “desde diferentes máquinas que están referenciadas a otros países”, haciendo referencia a Rusia e Irán.
El portal Runrunes, fundado por Nelson Bocaranda Sardi, no puede ser visto desde muchos ordenadores en el país. Tampoco las leídas columnas de denuncia de este conocido periodista, ni algunos de los trabajos especiales más aplaudidos de sus periodistas, premiados en el exterior.
Según Balbi y Batiz, las modalidades de censura de El Pitazo han ocurrido por interferencias de DNS y HTTP, el protocolo de transferencia de conexión, “y demostraron”, sostiene Balbi, “que las teleoperadoras han sofisticado las maneras de censurar este medio, que hace más difícil que los usuarios en Venezuela puedan consultarlo desde los principales servicios de Internet”.
Después de los ataques, El Pitazo ha hecho un esfuerzo especial para colocar sus reportes diarios en Twitter y WhatsApp. En 2017, durante la crisis política y las protestas callejeras contra Maduro, también se registraron bloqueos en contra de las televisoras Vivoplay, Venezolanos por la Información (VPI) y el canal del poder legislativo, que domina la oposición, Capitolio TV. Una comisión parlamentaria de la Asamblea Nacional, en manos de la oposición, determinó la responsabilidad de la CANTV y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en el bloqueo de estos medios de información.
Fuente: El País