El Fondo Monetario Internacional (FMI) extiende su mano, una vez más, a Argentina. Tres meses después de aprobar un rescate financiero por 50.000 millones de dólares, el organismo dirigido por Christine Lagarde sumó este miércoles otros 7.000 millones de dólares al paquete original y adelantó además los plazos de entrega a 2019. El Gobierno de Mauricio Macri pidió auxilio cuando la primera ayuda se volvió insuficiente para contener la desconfianza de los mercados hacia su capacidad de repago.
Lagarde y el ministro argentino de Economía de Argentina, Nicolás Dujovne, anunciaron desde el consulado del país austral en Nueva York los detalles del acuerdo. «De 6.000 millones previstos para 2018 se pasa a 13.400 millones. En 2019 se pasa de 11.400 millones a 22.800 millones. Dichos fondos ya no tienen carácter precautorio, sino que podrán ser utilizados como soporte presupuestario», dijo Dujovne.
El FMI decidió así dar libertad de acción al Ejecutivo de Macri, porque el dinero no estará necesariamente destinado a la devolución de deuda. Es una muestra de confianza extraordinaria hacia Buenos Aires, que, en circunstancias especialmente complejas, podrá destinar parte del dinero, por ejemplo, para gastos sociales o inversión pública. «Estos esfuerzos son para ayudar a Argentina a estabilizar su economía», señaló Lagarde, quien volvió a expresar su respaldo a la política económica de Macri.
La renegociación con el FMI de un acuerdo de semejante volumen no tiene antecedentes para Argentina. Tanto que Macri decidió jugar la carta de la popularidad que aún tiene en el exterior para acelerar las negociaciones. El martes, el presidente argentino participó de la apertura de sesiones de la Asamblea General de la ONU, pero viajó un día antes a Nueva York para convencer a inversores y banqueros de sus buenas intenciones. Nadie duda de la ortodoxia económica del presidente y los suyos, pero muchos temen que el escenario político que enfrenta en casa no le permita ajustar la economía tanto como pide el ente con sede en Washington.
El problema de fondo es que Macri necesita de la oposición peronista para aprobar en el Congreso el presupuesto para el año que viene, el documento en el que se plasmará la letra pequeña del ajuste que obligatoriamente tendrá que acometer Argentina. El mayor peso de los recortes recaerá sobre las provincias -todas superavitarias y la mayoría en manos de gobernadores no macristas- y sobre los ciudadanos de a pie, que necesariamente tendrán que pagar más impuestos.
La política ya ha dado muestras de que está perdiendo la paciencia con el presidente, tras casi tres años de un acompañamiento forzado a las medidas del Gobierno. El martes, Macri enfrentó una huelga general de la Confederación General del Trabajo (CGT), la central que agrupa a los sindicatos peronistas, la cuarta desde que llegó al poder, a finales de 2015. Y el peronismo no kirchnerista busca a la figura que lo represente en las urnas en octubre del año próximo. Cuánto margen de maniobra tendrá Macri para cumplir con el FMI es la gran duda.
Las autoridades argentinas trataron esta semana de inyectar calma en los siempre nerviosos mercados con la promesa de continuidad: Macri ya ha anunciado que será candidato en 2019. El presidente dijo, además, que no hay posibilidad alguna de impago (default) y que las cuentas públicas que se debaten desde la semana pasada en el Congreso ya tienen la venia de los gobernadores provinciales. Pero su gira por Nueva York no fue tan bien como se esperaba: mientras Dujovne ultimaba los detalles del nuevo acuerdo con el Fondo, en Buenos Aires se hacía pública la renuncia en Buenos Aires el presidente del banco central, Luis Caputo, el segundo guardián de la política monetaria argentina en dejar ese cargo en tres meses. Caputo, un hombre de la fragua de Wall Street y del círculo más cercano a Macri, tiró la toalla en desacuerdo con uno de los puntos más controvertidos del pacto con el Fondo: los límites impuestos al instituto emisor para contener con sus reservas internacionales la depreciación del peso.
Durante su gestión, Caputo no cumplió ese punto, ya pactado en junio. Su actitud le valió un enfrentamiento cada vez menos disimulado con el ministro Dujovne, la cara visible de Argentina ante el FMI. Según el último balance del mercado de cambios, el Banco Central de la República Argentina vendió en agosto reservas por valor de 4.062 millones de dólares, que fueron a parar a manos de “personas humanas” e “inversores institucionales” a razón de algo más de 2.000 millones para cada grupo. Caputo trató así satisfacer la demanda de inversores temerosos que huyeron a toda velocidad de sus colocaciones en moneda nacional a refugios en dólares.
El nuevo acuerdo ratificó finalmente esta política del FMI y, según Lagarde y Dujovne, el peso flotará libremente frente al dólar según la demanda en el mercado de divisas. El cepo impuesto por el FMI a estas intervenciones busca evitar que sea su dinero el que financie esta estrategia de contención, alimento, al final del proceso, de una descomunal fuga de capitales. Desde Buenos Aires, sin embargo, el nuevo titular del banco central, Guido Sandleris, anunció que intervendrán en el mercado si el peso supera las 44 unidades por dólar.
La renuncia de Caputo no fue consensuada y provocó un auténtico terremoto en la delegación argentina en Estados Unidos. Sirvió para contener el golpe la predisposición de Lagarde, que felicitó al nuevo jefe del banco central, a quien conoció como parte del equipo de los negociadores argentinos de aquel acuerdo de junio. Sandleris debutó en su cargo con una nueva caída del peso, aunque contenida por la expectativa del anuncio en Nueva York. Si en la apertura de los mercados eran necesarios 38,70 pesos para comprar un dólar, al final del día el número había ascendido a 39,44 pesos. El futuro de Argentina depende, otra vez, del FMI.
Fuente: El País