A cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto “tiene una última oportunidad para actuar adecuadamente al dejar de obstaculizar la creación de una comisión especial de investigación”, señala Amnistía Internacional.

“El mundo observa a México, esperando que el gobierno por fin garantice los derechos de las víctimas y permita la creación de una comisión de investigación que permita descubrir la verdad de lo ocurrido, y conseguir justicia para los 43 estudiantes de Ayotzinapa y sus familias”, expresó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas en Amnistía Internacional.

El 26 de septiembre del 2014, 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa fueron sujetos de desaparición forzada en Iguala, Guerrero. A pesar de la fuerte presión internacional, nacional y de las familias de los estudiantes desaparecidos, aún se desconoce su paradero y los hechos en los que se dieron estas graves violaciones a los derechos humanos.

Este es uno de los miles de casos de personas desaparecidas en el país. En estos últimos cuatro años, el registro oficial de personas desaparecidas en México pasó de 22,000 a 37,000.

A pocos días del acontecimiento, el 16 de octubre de 2014, el presidente Peña Nieto declaró públicamente que la resolución del caso era una prioridad para el Estado mexicano. Sin embargo, a partir de entonces el gobierno ha optado por aceptar públicamente que la verdad se ha esclarecido basándose en una teoría de los hechos que expertos internacionales y organizaciones locales han repetido hasta el cansancio es falsa.

En junio, un tribunal federal ordenó la creación de una comisión especial de investigación de este caso. Pero el gobierno ha efectuado esfuerzos coordinados para presentar cerca de 200 recursos legales que buscan a toda costa evitar que se concrete la creación de la comisión.

Fuente: MVS