La cuarta transformación de México que ha prometido el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, incluye una medida nunca antes vista en la historia reciente: ningún funcionario público podrá ganar más que el titular del Ejecutivo.
Y es que este jueves los diputados aprobaron la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que involucra a los trabajadores de los Poderes de la Unión y todos los entes públicos federales.
Hay que recordar que AMLO anunció como tope salarial 108 mil pesos al mes, cantidad que él ganará una vez que tome protesta como presidente constitucional, el próximo 1 de diciembre.
Pero, ¿a qué funcionarios públicos aplicará esta medida y qué pasará si no se cumple? Te dejamos cinco claves sobre el tema:
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó regular las percepciones de todos los empleados federales, incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional.
Esta ley, reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sostiene que ningún servidor público puede tener una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF): 108 mil pesos.
Además, la ley considera remuneración a toda retribución en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra cosa.
Ojo, los apoyos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales (viáticos), no son considerados una remuneración de un funcionario público.
Cabe mencionar que esta ley también elimina las prestaciones, jubilaciones, pensiones, créditos, préstamos y anticipos no contemplados en la ley y los pagos no autorizados. Con esto se le dice «adiós» a las pensiones de los expresidentes de México y los escoltas con los que disponían para su vida diaria.
La ley aprobada este jueves define como servidor público a todo aquel que desempeñe una función, empleo, cargo o comisión en los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo.
También quien trabaje en entes públicos incluidos a los que la propia Constitución reconoce autonomía o independencia (como la CDNH, el Inegi o el Banco de México), tribunales administrativos.
Finalmente a los trabajadores de la Procuraduría General de la República (PGR), la Presidencia de la República, así como las dependencias federales y organismos, empresas y fideicomisos del sector paraestatal (como Pemex), forman parte de los servidores públicos a obligados a cumplir con esta ley.
Además de que nadie podrá ganar más que el presidente, dentro de cada dependencia ningún funcionario podrá tener una remuneración igual o mayor que su jefe inmediato, salvo en dos casos.
Primero en aquellos donde el empleado desempeñe varios puestos, pero siempre y cuando que éste cuente con un dictamen que lo justifique, y cuando su desempeño exija una preparación, formación o conocimiento resultado de los avances de la ciencia o la tecnología, entre otros.
Sin embargo, estos funcionarios que ganen más que su jefe no podrán ganar más que el presidente.
En caso de que no se cumpla esta ley habrá consecuencias.
Los diputados federales aprobaron sanciones económicas de hasta 3 mil veces el salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México y prisión, destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos hasta por 14 años.
Esto se logrará a través de las adiciones al Título Décimo Libro Segundo “Delitos Cometidos por Servidores Públicos” del Código Penal Federal, un Capítulo V Bis denominado “Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los Servidores Públicos”.
Cualquier ciudadano podrá saber cuánto gana en total un servidor público ya que las remuneraciones y tabulaciones son públicas, por lo que no puede clasificarse como información reservada o confidencial.
Esta información deberá ser específica en la totalidad de los elementos tanto en efectivo como en especie. Los ejecutores del gasto público federal y demás entes públicos las darán a conocer en sus respectivas páginas de Internet de manera permanente.
La ley establece que cualquier persona puede formular una denuncia por anomalías a este ordenamiento ante la instancia interna de control o disciplina. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) será vigilante, fincará responsabilidades por daños y perjuicios, además de denuncias de hechos.
Tras su aprobación, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos se turnó al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.