Tarek El Aissami, en este momento vicepresidente sectorial para el área económica, ha hecho acto de presencia en la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente —foro legislativo de facto, totalmente dominado por el chavismo— para presentar, en nombre del Gobierno de Nicolás Maduro, una propuesta que deje sin efecto la Ley de Ilícitos Cambiarios, una de las piedras angulares de la política económica oficial durante estos años. Con esta decisión, el Ejecutivo busca oxígeno y da un giro inobjetable dentro de las coordenadas tradicionales chavistas en el manejo de la economía.
La medida, toda una concesión a la economía de mercado, autoriza la compra y venta de divisas de manera abierta. El ministro afirmó que el Gobierno busca «el propósito de otorgar las más amplias garantías para el desempeño de la participación en el modelo de desarrollo socioeconómico y productivo del país”. Entre otros, el anuncio tiene un especial destinatario: las compañías multinacionales, muchas de ellas todavía presentes en el país, a pesar de algunas sonoras marchas, pero con operaciones financieras empequeñecidas.
El Gobierno despenaliza la tenencia y venta de divisas extranjeras, y autoriza la reapertura de las casas de cambio. Estas instancias podrán ofertar y vender divisas con el precio que indique el mercado. La decisión no implica desmontar el control cambiario: el Gobierno ofertará a empresarios e industriales un dólar formal, controlado, a través del Dicom (Divisas del Tipo de Cambio Complementario), de acuerdo a la nomenclatura burocrática oficial, y permitirá la existencia de un tipo de cambio paralelo, una dualidad similar a la vigente en el país hasta el año 2006, el último antes del endurecimiento del discurso de Hugo Chávez sobre el control de la economía.
La concesión de Maduro, con toda seguridad, producirá un enorme alivio en los sectores económicos vinculados a la industria, el comercio y los servicios. El anuncio de El Aissami se produce mientras esta misma semana avanzan las deliberaciones del IV Congreso del oficial Partido Socialista Unido de Venezuela, convocado por Maduro en un país que ha tocado la zona del colapso, con una crisis económica y de servicios que toca el paroxismo y en medio de un creciente aumento de la protesta obrera y profesional.
Las discusiones plenarias del partido, televisadas, han procurado brindar una apariencia de unidad y lealtad, con un Diosdado Cabello arengando a la militancia. Esta vez no hubo actos de masas, sino una jornada celebrada en uno de los salones del Hotel Alba Caracas. La plenaria decidió otorgarle poderes plenipontenciarios a Maduro para organizar la dirección del partido.
Sin embargo, lo cierto es que en una parte importante de la dirigencia chavista se ha expandido una genuina preocupación ante la incapacidad de reactivar la economía y derrotar la inflación. El día en el cual quedaba instalado el congreso, los sindicatos de la industria eléctrica y CANTV —la compañía telefónica estatal—, tradicionalmente dominados por el chavismo, tomaron la avenida Libertador para demandar mejoras salariales y pagos retrasados. Aumentan las voces pidiendo, casi suplicando, una apertura de la economía. También se eleva la tensión en el partido del Gobierno. Lo ha reconocido de manera expresa, hace poco, el propio Freddy Bernal, ex alcalde de Caracas, destacado dirigente chavista.
Mientras se celebra el Congreso, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, anunciaba un subsidio a la gasolina a través del denominado Carnet de la Patria, y organizaba un censo para vender combustible subsidiado al parque automotor, muy especialmente el transporte público. Se presume que el Gobierno liberará la venta a precio internacional a quienes decidan no acudir al censo. La medida ha sido criticada con dureza por constituir otro mecanismo de control social que formaliza el racionamiento de la gasolina.
El economista y analista Luis Vicente León interpreta que “una apertura parcial” del mercado no resolverá los problemas de fondo de la catastrófica economía venezolana, pero puede producir alivios y beneficios parciales en contra de la escasez, y acaso de la inflación. “El precio del dólar pudiera estabilizarse un poco, o en todo caso dejar de crecer. Lo más importante es que podría ayudar a expandir la producción y la importación de los sectores privados. Si tu permites al sector privado que traiga sus mercancías, sus dólares, sus bienes, y que pueda repatriar sus utilidades sin burocracia, a un precio de mercado, va a subir la oferta, y eso sí reduce las presiones de precios”.
José Guerra, diputado, economista y académico, objeta que la medida en sí misma “no es legal”, por ser la Constituyente un organismo espúreo, y porque la única instancia constitucionalmente facultada para eso es la Asamblea Nacional, en manos de la oposición. Tal circunstancia, afirma, va a inhibir a empresas petroleras, o de otra índole a aceptar la oferta oficial. “Habrá una tasa de cambio oficial, subsidiada, de acuerdo a los intereses oficiales, y una tasa de cambio paralela, de mercado, que ahora puede estar sobre los 3,5 millones de bolívares por dólar. Tengo dudas de que un régimen dual pueda funcionar. La experiencia de los cambios duales indica que la brecha se abre muy fácil, todo el mundo querrá el dólar barato, que no hay, y muchos querrán el dólar caro, que la mayoría no tiene cómo comprarlo. Será otra experiencia más de un mercado fallido».
Guerra afirma que la medida va más allá de las políticas de los primeros tiempos de Chávez. “No será un mecanismo permuta, sino un mercado abierto, por primera vez en mucho tiempo, un mecanismo con casas de cambio”, que desaparecieron en Venezuela en 2003. Los intereses creados de la tupida red de corrupción del chavismo no quedarían alterados. “La medida no toca la estructura vigente de la corrupción planteada desde hace varios años con el control de cambios. El Gobierno tendrá su dólar, y en torno a él, sus intereses”.
Fuente: El País