Únicamente 33 grúas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se encuentran operando en la Ciudad de México, toda vez que el contrato para arrendar más de 110 grúas terminó hace poco más de un mes.

El titular de la dependencia, Raymundo Collins Flores, señaló que dicho convenio para la renta de un centenar de unidades resultaba muy caro para la dependencia, por lo cual se decidió no renovarlo con el grupo Oro Páez, S.A. de C.V.

La SSP ahora tendrá que continuar la operación vehicular con grúas al servicio de la institución, las cuales estará redistribuidas en toda la ciudad, tan sólo como un apoyo cuando la ciudadanía las solicite.

En febrero pasado, aún estando Miguel Ángel Mancera al frente del gobierno capitalino, así como Hiram Almeida Estrada en la SSP, se anunció la terminación de la facultad que tenían las grúas para infraccionar, la cuál era tomada como una forma de recaudación sin seguir lo estipulado en el reglamento de tránsito.

A grupo Oro Páez le fue asignado vía adjudicación directa, la licitación pública para la Contratación de Multianual del Servicio Subrogado de Grúas Equipadas para la Detención, Levantamiento y Retiro de Vehículos Abandonados en vía Pública, que Infrinjan el Reglamento de Tránsito y Atención a Emergencias Viales en la Red Vial, de las 16 demarcaciones, el 6 de agosto de 2014.

Dicha licitación fue publicada el 31 de octubre de 2013 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, toda vez que quedó establecido el 15 de noviembre de ese año que ninguna de las empresas cumplía con todos los requisitos.

Lo mismo sucedió el 3 de diciembre de 2013, en una segunda convocatoria, aunque aquí se desertó el contrato con la empresa Comercializadora Versirg, S.A. de C.V. por no cumplir en tiempo y forma.

En una auditoría realizada por la Contraloría de la Ciudad de México con fecha de inicio 10 de octubre y cierre al 30 de diciembre de 2016, se observó que había inconsistencias en los comprobantes individuales de servicio de arrastre por grúas concesionadas.

Entre otras situaciones, se detectó que de tres mil 405 arrastres, no tenían adjunto el resguardo de los vehículos arrastrados, además de que 884 folios no indicaban el lugar del depósito del automóvil y 965 no contaban con datos del responsable del depósito.

Asimismo, 54 folios tuvieron en esa auditoria “discrepancias con el número de placas contra el registro en la base de datos”, seis folios con diferente número de resguardo, entre otras, por mencionar algunas.

Al respecto, la Contraloría capitalina señaló que no había “control en el archivo de depósito vehicular en Santa Cruz Meyehualco, dependiente de la Dirección General de Normatividad de Tránsito; así como una falta de soporte documental que amparaba la ejecución de pagos efectuados a grupo Oro Páez S.A. de C.V.”.

En el documento se señala que el 27 de abril de 2016 la SSP capital suscribió un acuerdo modificatorio al contrato de adjudicación de 2014 mediante el cual acordó otorgar un aumento de 23 por ciento a Oro Páez por el servicio, por lo cual el monto a ejercer quedó en 204 millones 985 mil 711 pesos; es decir, un incremento total por 109 millones 34 mil 848 pesos.

Fuente: La Razón