Cada año, el uso miles de millones de pesos del presupuesto asignado a gobiernos y dependencias federales, estatales y locales es fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Mediante la revisión de las cuentas públicas, la ASF comprueba si los recursos públicos fueron utilizados conforme a la ley para emitir algunas observaciones. Sin embargo, sus reportes solamente pueden ser leídos por un público altamente especializado.
Por esta razón, el colectivo ¿Fuiste tú? –del cual forman parte Integralia, Oxfam, Horizontal, Data Cívica, Borde Político, Causa en Común, Incorruptible y Transparencia Mexicana– analizó los resultados de mil 879 auditorías realizadas por la ASF en 2016 para elaborar un ranking de las 10 dependencias federales o estatales que más preocupan dadas las cantidades de dinero gastado sin justificación legal respecto a sus recursos asignados.
Los resultados revelan que al menos 266 dependencias presentaron anomalías al no comprobar el destino de los recursos que les asignaron. Dentro de ellas, las secretarías de Finanzas de los gobiernos de Chihuahua, Veracruz, Nuevo León y Quintana Roo ocupan los primeros cuatro lugares en el ranking de las dependencias que más preocupan.
La ASF auditó 23 mil 400 millones de pesos del financiamiento público local del gobierno de César Duarte en Chihuahua. De éstos, no se pudo comprobar el uso de más de 10 mil millones, que, en lugar de destinarse a inversión pública, se fueron al pago de deuda y gasto corriente. En Veracruz, de los 21 mil millones de pesos auditados, el 36 por ciento no fue debidamente comprobado; se sabe que fue utilizado para pagos improcedentes de nómina, como a aviadores.
Algo similar ocurrió en Nuevo León y Quintana Roo, donde Rodrigo Medina y Roberto Borge, no pudieron comprobar el uso legal de seis mil y dos mil millones de pesos. ¿Y los responsables? César Duarte está prófugo de la justica con órdenes de aprehensión en su contra. Rodrigo Medina, Javier Duarte y Roberto Borge se encuentran vinculados a proceso; los últimos dos bajo prisión preventiva.
Fuente: Nación 321