El 2 de febrero de 2015, el presidente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Luis Raúl González Pérez, expresó ante el comité de la ONU en Ginebra una oscura realidad: el país tiene un idea del número de desaparecidos, pero desconoce las causas, no es posible saber realmente cuántos de estos expedientes se refieren a casos de desaparición forzada.

Aunque existen casos conocidos como el de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en 2014, donde distintas pruebas apuntan a que hubo intervención de fuerzas del Estado, así como un padrón oficial de desaparecidos en el que están registradas 36.265 personas, las causas no están identificadas.

Distintas organizaciones sociales han documentado la existencia de 166 casos de desaparición forzada de luchadores sociales de 2006 al la fecha, de los cuales 111 corresponden al gobierno de Enrique Peña Nieto, sin embargo, podrían llegar hasta 300.000, según un comunicado emitido por una docena de ONGs.

«México debe profundizar su apertura al escrutinio y asistencia internacionales. Para ello, se alienta al Estado a aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU para recibir comunicaciones individuales; permitir la visita al país del Comité, solicitada desde 2013; desarrollar un plan de acción para la implementación de las Acciones Urgentes emitidas por el Comité; y participar en el diálogo de seguimiento al que el Comité ha invitado al Estado mexicano sobre la implementación de las Observaciones Finales adoptadas en 2015», señaló Jan Jarab, representante de ONU-DH en México.

La ONU denunció en mayo la ola de desapariciones de 21 hombres y dos mujeres en la ciudad de Nuevo Laredo, el estado de Tamaulipas, perpetradas por miembros de una fuerza de seguridad federal, según testimonios recibidos por la organización.

Los desaparecidos habrían sido detenidos por personal uniformado mientras caminaban o circulaban por carreteras y, según la información recibida, se encontraron una serie de vehículos al lado del camino, quemados y tiroteados.

«Muchas de estas personas habrían sido detenidas arbitrariamente y desaparecidas mientras realizaban su vida cotidiana. Es particularmente horroroso que al menos cinco de las víctimas sean menores, tres de ellas muy jóvenes, tan sólo de 14 años», señaló en un comunicado el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.

En los últimos 50 años, México tiene una larga historia de desapariciones forzadas que comenzó en los años sesenta, con los movimientos estudiantiles que derivaron en la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968 y la desaparición de docenas de personas.

Después continuó con la llamada «Guerra Sucia», entre finales de los sesenta y principios de los ochenta, una época que se caracterizó por el surgimiento de grupos guerrilleros y la adopción de políticas que confrontaron al gobierno con la sociedad civil.

Las desapariciones forzadas se han intensificado desde el inicio de la llamada guerra contra el narco, en diciembre de 2006.

«Pero el reto no solamente es de la Federación. Los estados y los municipios también tienen que comprometerse, reconocer el problema, su trágica incidencia y el dolor causado a las víctimas, así como abrir espacios de participación auténticos para las familias», subrayó Jarab.

Desde 2010, distintas organizaciones sociales y padres de desaparecidos emprendieron la «Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada», pero lograr que el caso de una persona no localizada se reconozca como desaparición forzada tampoco es fácil.

Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Cruz Sánchez fueron detenidos en 2007 en Oaxaca, por presuntamente ser integrantes del subversivo Ejército Popular Revolucionario (EPR). A sus familia y representantes legales les tomó 7 años para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avalara su búsqueda en instalaciones militares y que se citara a declarar a los mandos castrenses que estaban en funciones en la fecha de su arresto, así como la posible exhumación de cuerpos en áres del Ejército.

Una encuesta presentada en 2017 por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, destacó que ocho de cada 10 ciudadanos considera que este es un problema que se presenta en todo el país; aunado a que 23% ha vivido de cerca ese delito.

El 53% de los encuestados indicaron que la desaparición forzada en México es frecuente, pero los casos no se denuncian por temor.

Para el 71%, las autoridades municipales tienen «responsabilidad institucional» en la comisión del ilícito; el 67% responsabilizó a la policía; y el 35% a la Marina y al Ejército.

También el 71% indicó que para atender el fenómeno, expertos de otros países deberían intervenir en las investigaciones.

«Garantizar el derecho a la verdad también significa conocer quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de las desapariciones forzadas, quiénes fueron los facilitadores y los beneficiarios, así como develar las políticas económicas, políticas y sociales que permitieron o fomentaron la política de desaparición forzada», demandó el Comité Cerezo.

Fuente: Infobae