Hay muchas cosas positivas que podrían darse en materia económica en el sexenio de AMLO, aunque también existen razones para creer que podría acabar mal.

Es útil dar el beneficio de la duda. Andrés Manuel López Obrador nunca ha gozado de las loas de los economistas en los bancos. ¿Pero qué pasaría si sus críticos fallaron? ¿Existe lugar para el optimismo en torno a su gestión?

“Hay espacio porque la economía mexicana tiene un gran potencial. Si se eleva la productividad, puede reducirse la desigualdad”, reconoció a pregunta expresa el 2 de julio Ernesto Revilla, analista en jefe para América Latina de Citi y quien tuvo a su cargo la planeación económica en la Secretaría de Hacienda al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Ese incremento en la productividad podría venir del resultado de un trabajo ya hecho: la industria y la infraestructura derivadas de la aprobación de las impopulares reformas estructurales, apuntó Eduardo Andrade Iturribarría, un experto en la industria energética de México.

“La ventaja la tiene el (presidente) que siga, porque se hizo la tarea. Este Gobierno tiene toda la estructura para proveer a sus ciudadanos de salud, transporte, energía”.

Todo ello refiere un entramado legal cuya virtud cuestionó AMLO, si bien dijo que no derribará todo lo construido, la continuidad de las reformas es vulnerable ante el embate de sus más radicales seguidores, entre los cuales habrá legisladores.

“Con un Morena fuerte en el Ejecutivo y el Legislativo, ¿qué garantía tengo de que habrá contrapesos si la política de AMLO no es la adecuada?”, destacó en entrevista desde Nueva York, Alejo Czerwonko, director de estrategia de mercados emergentes del banco suizo UBS, el lunes posterior a la elección.

Es necesario por esa razón voltear a ver sus compromisos. El primordial es el combate a la corrupción. ¿Qué tanto puede detonar esa lucha el crecimiento de la economía? Un exdirectivo de Pemex da un ejemplo.

“A nivel macro, en el caso de contratos de servicios o de obras de Pemex, se han asignado bajo poca transparencia y lo vemos en los precios”.

Un mismo servicio, Pemex suele pagarlo con un sobreprecio respecto a aquel que enfrentan otras empresas, añadió Sergio Guaso, quien estuvo a cargo de la firma de licitaciones especializadas de la petrolera estatal para la explotación de yacimientos de gas en el norte del país.

Esa opacidad puede derivar en mayores gastos, advirtió, y una corrección de procesos elevará la eficacia del dinero.

Guaso expuso otros casos de corrupción que corresponden a ONG y que en posible ánimo de extorsión mantienen detenidos ductos instalados que llevarían gas a nuevos polos de desarrollo industrial.

“Las ONG mueven los accesos para pedir permiso de pasar. Hay un plan muy agresivo de ductos y es fecha que no terminan y buena parte es por gente que busca sacar un provecho indebido», destacó. “Sé de casos de directivos de empresas que tienen denuncias penales en su contra y están defendiéndose en lugar de trabajar”.

Los ductos a los que alude Guaso suministrarán energía indirectamente a fábricas de Sonora, Jalisco y Veracruz, entre otros, por lo que su inactividad tiene un impacto económico en regiones enteras.

Hoy nadie parece tener un dato un preciso sobre el costo de todas las oportunidades que se pierden en México por causa de toda la impunidad que deriva en la corrupción.

AMLO tiene una estrategia económica amplia contenida en un documento difundido por su estratega y enlace empresarial, Alfonso Romo. No parece un texto que atienda a la retórica electoral. Es el Proyecto de Nación 2018-2024 fechado el 20 de noviembre de 2017 y que estuvo expuesto durante la campaña de 2018.

Los días de mayor fama del escrito se dieron con la difusión del Volumen 1 de los “Pejenomics”, un texto limitado, ilustrado, basado en extractos de la ideología del documento madre y elaborado por la organización Abre Más los Ojos, ligada a la campaña de AMLO.

El proyecto distribuye en 461 páginas el planteamiento político del tabasqueño, con un énfasis en su plan económico.

Lo vinculado a la economía lo redactó Adrián Rodríguez Macedo, un hombre de más de 60 años, conocido por Romo y con quien trabajó en Cervecería Cuauhtémoc y Cigarrera la Moderna en tareas de logística. Rodríguez es vicepresidente de la Universidad Metropolitana de Monterrey, bajo el control de Romo y a quien acompaña en casi todas sus aventuras empresariales.

Durante la campaña, Rodríguez tuvo a su cargo la Comisión de Economía y Desarrollo del Proyecto. Delineó en el documento las propuestas en políticas macroeconómicas, la industrial, de telecomunicaciones, la industrial y de medio ambiente, de innovación, turismo pesca, laboral, financiera y claro, la de energía.

Quieren aumentar la inversión automotriz. Que el norte del país desarrolle habilidades de innovación en la materia con sus empresas apoyadas por recursos públicos como garantía para créditos. También quieren que el sur innove en energías verdes y alimentos. En esa región, el mismo Romo invierte en la reconversión del campo para producir maíz y soya de la mano de Cargill, a unos cuantos kilómetros de parques eólicos costeros recién instalados, que ayudarán a atender la creciente demanda de energía de la península yucateca.

Aparte, la administración entrante pretende “Parques Productivos” cercanos a zonas marginadas con dinero de inversionistas privados que a cambio reciban terrenos, infraestructura de telecomunicaciones y financiamiento, siempre y cuando inviertan en oficinas o fábricas complementadas con guarderías, una escuela o centros culturales.

Y, claro, quieren desarrollar el sector energético del país.

La meta del equipo de AMLO es alcanzar en 2024 una producción estable de 2 millones de barriles diarios. Pemex no ha podido regresar a ese volumen de producción desde junio de 2017 y en mayo solo entregó 1 millón 867 mil barriles por día.

Lo más relevante, quizá, es que el documento confirma la intención de vender productos de valor agregado al mercado. “Vender jugo en lugar de naranjas”, como lo comentó muchas veces el candidato, pues expresa que la producción no se guiará por la oportunidad de exportar crudo.

La estrategia va conectada con la inversión en al menos una nueva refinería de 300 mil barriles diarios, comparable con una de las seis que ya existen, pero que funcionan a la mitad de su capacidad. De aplicarse, esa inversión es estimada por especialistas en más de 200 mil millones de pesos.

Además, el próximo Gobierno espera invertir 483 millones en infraestructura que evite el actual “venteo” y la quema de gas, que además del daño ambiental arroja a la atmósfera producto con un valor de 10 mil millones de pesos anuales.

¿Y de dónde sacarán dinero? Más allá de los 500 mil millones de pesos que el próximo mandatario prometió obtener del combate a la corrupción, su equipo trazó vías para sacarlo del presupuesto, sin dañar, estiman, el aparato burocrático.

Basados en los gastos de la Federación de 2016, enlistaron la eliminación del seguro de gastos médicos mayores, la de gastos de gasolina, y la reducción del presupuesto para autos nuevos y sueldos de funcionarios.

Rubros más abstractos conceden otras oportunidades, como los 119 mil millones de pesos anuales que pretenden obtener de reorientar “los recursos de gasto federalizado en proyectos de alto impacto económico y social en las entidades federativas y municipios”. También están casi 98 mil millones de pesos por la disminución gradual de la “ejecución del gasto a través de fideicomisos”.

Son, en total, 412 mil 716 millones de pesos que podrían redirigirse a inversiones en infraestructura energética o el pago de pensiones a adultos mayores.

En cualquier caso, sería productivo que el próximo Gobierno continúe las subastas tanto en materia petrolera, como en generación de energía renovable, que comprometieron inversiones por el equivalente a unos 4 billones de pesos y en el caso de la energía eólica y solar, reducirán el costo ambiental y económico de producir electricidad, apuntó Eduardo Andrade.

“Estoy seguro de que se encontrará con que se hicieron de la mejor manera posible”, anticipó el director de Sacyr.

De hecho, para Marco Cota, director general de Covar Energy, las licitaciones petroleras han sido impecables desde cualquier ángulo.

“Lo que vaya a buscar la nueva administración no puede terminar en otra cosa que decir: esos contratos se adjudicaron 100 por ciento en licitaciones justas, transparentes y competitivas con las que se obtuvieron los mejores resultados para el Estado”, señaló.

Crear empleos armando vehículos ha arrojado a los trabajadores a una inevitable realidad: a México vienen a bajar costos para aumentar utilidades.

Las empresas del rubro enfrentan problemas estructurales. Tomemos a Ford como ejemplo, cuya utilidad antes de impuestos tiene un margen de 8.7 por ciento, de acuerdo con datos de Bloomberg, o a Fiat Chrysler, que tiene una del 11.7 por ciento. El mercado les pide cada vez más tecnología sin que suban los precios, entre otros retos.

Apple, por ejemplo, tiene un margen de 30 por ciento sobre sus ingresos.

“Puede haber avances si el Gobierno prioriza la productividad”, explicó Alberto Muñoz, director general de innovación de Grupo Plenum, empresa mexicana de software premiada por el Gobierno federal.

Ante choques externos que saquen de equilibrio la balanza comercial de México, la opción es la innovación para generar productividad, bienes de mayor valor y un mercado interno fuerte, sugirió.

Si bien hay compañías avanzadas en materia de innovación digital, México carece de una verdadera industria de hardware, apunta el también vicepresidente de innovación de la CANIETI, que agrupa a las empresas nacionales del sector de telecomunicaciones.

Hay tres páginas del Proyecto de Nación que explican planes de desarrollo de tecnología para empresas, desde pequeñas a grandes, mediante la ampliación del actual Plan Nacional de Desarrollo a uno denominado Plan Nacional de Desarrollo Industrial y Tecnológico (PNDIT), que incluiría fondos con recursos privados apoyados en ciertas garantías con recursos gubernamentales.

Hasta hoy, el tipo de innovación de alcance global es aún generado por empresas de negocios antiguos en México.

Cemex, una de las tres cementeras más grandes del mundo, recientemente desarrolló una aplicación denominada Cemex Go para atender a domicilio pedidos industriales que pueden ser solicitados desde un celular, como quien pide una pizza. Esa misma tecnología podrían ofrecerla a una acerera global.

Muñoz destacó aspectos de la reforma educativa que deberían mantenerse, pues profundizan en el razonamiento en los niños y los hace huir de la memorización y abre camino a la creatividad.

“(En el futuro Gabinete) ves gente que ha estado en ámbitos internacionales y sabrán capitalizar en esa actitud un ánimo de apertura”.

“Sí se puede ser optimista”, concluye Muñoz, de Grupo Plenum.

Es un hecho. Andrés Manuel López Obrador es el próximo presidente de México y ganó el cargo de forma aplastante, con el 53 por ciento de los votos.

Morena logró una mayoría simple en el Congreso, que no es suficiente para que puedan cambiar la Constitución por su cuenta, pero sí lo es para lograr aprobar leyes con facilidad.

El primer discurso de victoria de AMLO en la noche de las elecciones fue considerado conciliatorio y favorable al mercado, y Carlos Urzúa, su elegido para secretario de Hacienda, dio una conferencia la mañana siguiente para calmar los temores de los inversionistas.

Pero el lado más populista del presidente electo es el que más preocupa al mercado. Durante su segundo discurso más tarde esa noche, en el Zócalo capitalino, prometió duplicar las pensiones de los ancianos y discapacitados. Otra propuesta es dar un ingreso a jóvenes que ni estudian ni trabajan.

Estos dos programas combinados costarían al año cerca de 125 mil millones de pesos, según Urzúa. El problema es que cada vez que le preguntan sobre la economía detrás de sus promesas, López Obrador ha respondido que el dinero vendrá de erradicar la corrupción.

“Todavía quedan interrogantes sobre cómo López Obrador financiará muchas de sus promesas de campaña”, escribió el estratega Christian Lawrence de Rabobank. “La explicación hasta este momento ha sido muy vaga y aunque las promesas de utilizar el dinero ahorrado al eliminar la corrupción son ciertamente una causa noble, está por verse exactamente cómo se hará y qué cifras pueden alcanzarse”.

Para Joao Pedro Bumachar, de Itaú Unibanco SA, es importante que cualquier gasto nuevo tenga una fuente clara y creíble de recursos o sea producto de un recorte en otro rubro que mantenga estable el déficit público, declaró en una entrevista desde Sao Paulo, Brasil.

“Depende mucho del tamaño del gasto adicional. Si planean implementar todo lo que está en el programa de la campaña, podría ser difícil sin aumentar la deuda o los impuestos”.

El balance presupuestario también es una de las principales preocupaciones.

“El desequilibrio fiscal por el gasto excesivo en programas sociales tras descubrir que no pueden hallar suficientes ahorros en el presupuesto podría llevarnos por un camino de bajas calificaciones crediticias, menos apetito inversor para financiar deuda del Gobierno local, depreciación del peso, mayor inflación y menor crecimiento económico”, advierte en una nota Roger K. Horn, analista de SMBC Nikko.

Lawrence, de Rabobank, está de acuerdo. “Todavía nos preocupa que el desfase fiscal pueda aumentar de una forma relativamente rápida y envíe la economía a una espiral de reacciones adversas de rebajas en la calificación y aumento de la deuda”, escribió.

Otra preocupación en la mente de Horn es el posible debilitamiento del marco institucional que ha sido clave para el apoyo de los inversionistas y el crecimiento en las últimas tres décadas. “Especialmente la del banco central si suben las tasas de interés más allá de lo que López Obrador quiere”, escribió en una nota.

Tener un Congreso controlado por Morena también podría significar que se apruebe un presupuesto excesivo, ocasionando que los mercados crediticios mexicanos se deterioren, señala Mauro Roca, director de mercados emergentes para TCW Group.

Por tanto, las discusiones presupuestarias serán un indicador crítico para los mercados crediticios mexicanos, puntualizó.

Félix Boni, director general de Análisis de HR Ratings, coincidió en que el efecto más negativo de un aumento en el gasto social sin un incremento en los ingresos o recortes a partidas ineficaces, sería un aumento del déficit y mayor inflación.

Las elecciones en México continúan una tendencia mundial de cambio en el orden político, opina Abhishek Kumar, jefe de sector para la deuda de mercados emergentes de la firma de inversión State Street Global Advisors. Para Kumar, una mayoría de Morena en el Congreso y el “afán de cumplir” las promesas electorales pueden ser disruptivas para los mercados emergentes.

“El reciente desplome de la lira en Turquía ha mostrado que los inversionistas tienen poco apetito por los políticos que siguen políticas populistas y políticas económicas no convencionales”, escribió en una nota. “Si México aplicara políticas similares, la caída sería más severa de lo normal dada la divisa libremente negociable, la apertura de sus mercados de bonos y su deuda pendiente con un calendario de vencimiento mayor al normal”.

Más de 60 por ciento de la deuda interna de México está en manos de extranjeros, añadió, lo que hace que el país sea vulnerable a los sentimientos de riesgo de los inversores internacionales.

Las ideas de López Obrador sobre la reforma energética son también causa de preocupación para algunos, pues ha dicho que revisará los contratos ya firmados con compañías petroleras privadas y podría dejar de adjudicar otros nuevos.

Para quienes reciban una concesión, las condiciones podrían cambiar. La nominada por López Obrador para la secretaría de Energía, Rocío Nahle, ha dicho que presionarán para aumentar los requisitos de contenido nacional en los contratos petroleros a 80 por ciento desde el actual 35 por ciento.

La propuesta “muestra los riesgos de un Gobierno de López Obrador”, según Daniel Kerner de Eurasia. Aunque la Comisión Nacional de Hidrocarburos, reguladora del sector, es independiente, es probable que sienta la presión de AMLO, afirma. “Prevemos que el entorno operativo en el sector de la energía empeore”.

López Obrador también prometió congelar los precios de la gasolina y la electricidad por tres años, lo que podría resultar muy costoso. El Gobierno había controlado los precios durante muchos años, una práctica que terminó a principios de 2018.

Si los precios controlados regresan, “no está claro si Pemex recibiría un subsidio del Gobierno o soportaría que el costo de los ingresos caiga por debajo de sus gastos operativos”, escribió Moody’s Investor Services en un informe.

Además, presionar más a una compañía que ya tiene un alto apalancamiento financiero (con una deuda de 107 mil millones de dólares y una carga tributaria equivalente a cerca del 70 por ciento de su Ebitda) limitará su capacidad de inversión, advierte Moody’s.

Y si esos contratos se cancelan o retrasan, una importante fuente de ingresos se agotará. México ha otorgado más de cien contratos de desarrollo petrolero desde la reforma energética de 2013, que se estima reporten miles de millones en inversiones

Los planes de López Obrador para expandir la capacidad de las refinerías implicarían una inversión de hasta 24 mil millones de dólares, según las estimaciones de Moody’s.

Dado que la hoja de balance de Pemex ya es frágil, no puede permitirse inversiones de esa magnitud, sobre todo en el negocio de refinación y comercialización, un negocio de bajo margen.

Incluso si intentara conseguir que el sector privado financiara la construcción de esas refinerías, los proyectos solo atraerían un interés limitado, toda vez que la producción mundial de combustible ya excede la demanda, afirma Moody’s.

En resumen, es seguro decir que se avecinan cambios. Kerner de Eurasia dice que la era de un México gobernado por una élite tecnocrática de centroderecha ha terminado.

“Los inversionistas deben prepararse para lidiar con un país donde las decisiones de política serán más politizadas y las soluciones de mercado serán menos atractivas para la nueva administración, lo que significa un mayor riesgo político”, indicó.

Fuente: El Financiero