Cuatro policías y un civil murieron este jueves en una localidad del sureste de Nicaragua, donde una violencia desbordada deja más de 260 muertos en tres meses de protestas contra el presidente Daniel Ortega.
La Policía responsabilizó de las muertes a “grupos terroristas” que mantienen bloqueos en las carreteras y que simularon realizar una “marcha pacífica” para “atacar con armas de fuego” la delegación policial de Morrito, municipio del departamento de Río San Juan (sureste), según un comunicado.
De acuerdo al informe, los manifestantes además “secuestraron” a nueve efectivos policiales y “atacaron la alcaldía de Morrito, provocando heridas graves con arma de fuego a cinco trabajadores”, uno de los cuales murió.
La oposición por su lado dijo que el enfrentamiento ocurrió cuando pasaba cerca del comando policial una marcha en Morrito, en el marco de la jornada de manifestaciones convocada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, de grupos de la sociedad civil.
La líder del movimiento campesino, Francisca Ramírez, de la Alianza Cívica, aseguró que los manifestantes fueron “atacados por agentes y paramilitares” que estaban en el comando, y varios que estaban armados respondieron con disparos.
Morrito, de unos 6.000 habitantes, es una zona donde varios campesinos están armados para la protección de sus terrenos. Está localizado a 230 km al sureste de Managua, en una ruta donde el gobierno proyecta construir un canal interoceánico al que se oponen sus pobladores.
Las protestas en el país estallaron el 18 de abril contra una reforma al sistema de pensiones, pero tras la represión se extendieron a la exigencia de salida del poder de Ortega, que gobierna desde 2007 por tercer periodo consecutivo y a quien acusan de crear una dictadura junto con su esposa Rosario Murillo.
Ortega, que gobierno desde hace once años por tercer periodo consecutivo, acusa a los manifestantes de “golpistas”.
Presión internacional
Ante el agravamiento de la situación, la OEA citó a sesión extraordinaria el viernes sobre Nicaragua, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentara el miércoles un informe ante su consejo permanente.
En su informe, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, pidió a la OEA exigir al gobierno de Ortega el “fin inmediato a la represión”, las “detenciones arbitrarias” y otras violaciones a los derechos humanos.
La sesión de este viernes, que iniciará a las 14:00 horas, fue convocada a petición de Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos y Perú.
Para el gobierno, que ha rechazado los informes de la CIDH y las acusaciones de represión, las manifestaciones son parte de un plan orquestado por la derecha para dar un golpe de Estado.
Estados Unidos, que adoptó sanciones contra tres altos allegados de Ortega y a funcionarios de la Policía, aumenta su presión contra el gobierno nicaragüense.
Legisladores estadounidenses de un subcomité de asuntos para el hemisferio occidental aprobaron el jueves una resolución bipartidista que “condena la violencia del régimen” y pide más sanciones.
A fin de hallar una salida a la crisis, la Iglesia católica propuso adelantar los comicios de 2021 a 2019 en el diálogo que media entre el gobierno y la Alianza.
Pero ello fue descartado por el propio Ortega, un exguerrillero de 72 años que gobierna desde 2007 por tercer periodo consecutivo y encara su peor crisis al perder el control de la calle.
El analista Oscar René Vargas cree que la oposición corre el riesgo de desgastarse, mientras que para el gobierno su talón de Aquiles es la economía. Más de 200 mil empleos se han perdido y el Banco Central rebajó la proyección de crecimiento de 4,9% a 1%.
Fuente: Eje Central