La justicia argentina comenzó a investigar el financiamiento de campañas electorales en 2017, luego que un trabajo periodístico reveló que unas 467 personas humildes fueron registradas como aportantes a pesar de que nunca donaron dinero a candidatos del presidente Mauricio Macri.

El caso ya salpicó incluso a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, la política más popular del país y quien ya fue denunciada la víspera por la senadora opositora Teresa García.

La legisladora inició una causa judicial para solicitar que se investigue a la gobernadora macrista por los delitos de usurpación de identidad, falsificación de documentos, lavado de activos y violación de secretos de la privacidad.

El periodista Juan Amorím reveló en el portal El Destape que en las campañas del año pasado en la provincia de Buenos Aires, la actual alianza gobernante Cambiemos hizo pasar como sus financistas a por lo menos 467 beneficiarios de programas sociales.

Además, el partido de Macri también los identificó como afiliados al PRO, pero a través de la falsificación de firmas, ya que los afectados nada sabían de esas maniobras.

Los nombres de los falsos donantes fueron presentados a las autoridades electorales por los comités de campaña de Esteban Bullrich y Graciela Ocaña, quienes el año pasado encabezaron las listas de candidatos de Cambiemos al Senado y a la Cámara de Diputados, respectivamente.

La investigación contó con los testimonios de los afectados que se sorprendieron al saber que estaban identificados como militantes y financiadores de la fuerza política que hoy gobierna al país.

De acuerdo con los datos presentados por Cambiemos, estas personas aportaron a las campañas de Bullrich y Ocaña un millón 160 mil pesos, que en el momento de las campañas equivalían a unos 64 mil dólares.

Antes de la denuncia contra la gobernadora de Buenos Aires, el fiscal Jorge Di Lello ya había iniciado una causa por delitos a la Ley de Financiamiento Partidario, en tanto que el juez Sebastián Casanello abrió otra por presunto lavado de dinero.

Fuente: Excélsior