El gobierno de México anunció que no ha recibido una comunicación oficial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, en relación con la denuncia pública conocida ayer sobre desaparición de 23 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero que procederá a investigar lo sucedido. Sin embargo, activistas por los derechos humanos en la ciudad fronteriza desconfían de la investigación y elevan el número de desaparecidos a 56, según dijeron a EL PAÍS.
En un comunicado conjunto difundido la noche del jueves Gobernación (Segob), la Procuraduría (PGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), anunciaron que funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación «se trasladarán a la ciudad de Nuevo Laredo para platicar con familiares de las personas desaparecidas, testigos y personas que cuenten con información sobre estos preocupantes hechos».
“La cancillería mexicana solicitó una reunión urgente con representantes de esa oficina de Naciones Unidas porque (…) Cualquier información sea oficial o no que emiten organismos internacionales que tiene que ver con México, se valora con absoluta seriedad y respeto, tomando medidas inmediatas al respecto, sin prejuzgar sobre las conclusiones que por vía testimonial ha emitido el organismo internacional”.
El Alto comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein, reveló el miércoles la alarmante situación en Tamaulipas tras la desaparición de 23 personas a manos de “unas fuerzas federales”, que no precisó. El diplomático jordano exigió a las autoridades mexicanas que tome “medidas urgentes” para frenar la ola de desapariciones forzadas documentadas desde enero en Nuevo Laredo y alrededores.
Según Naciones Unidas, las personas habrían sido detenidas por uniformados mientras caminaban o manejaban por carreteras y agregó que en varios de esos casos se han encontrado vehículos al lado del camino, los cuales fueron quemados y tiroteados. «Muchas de estas personas habrían sido detenidas arbitrariamente y desaparecidas mientras realizaban su vida cotidiana. Es particularmente horrífico que al menos cinco de las víctimas sean menores, tres de ellas muy jóvenes, tan solo de 14 años. Estos crímenes, perpetrados durante cuatro meses en un solo municipio, son indignantes”, señaló Zeid.
“No me sorprendió en absoluto las revelaciones del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Desde enero hemos denunciado las actuaciones de un grupo de operaciones especiales de la marina. La ONU habla de 23, pero nosotros tenemos documentados 56 casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales”, explicó en entrevista con este periódico Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, una ONG con sede en Tamaulipas.
“En las últimas 36 horas, al menos tres familiares de estas 56 víctimas han sido amenazadas. Les han dicho que ya no le muevan a las denuncias o seguirán el camino de sus familiares muertos” detalla. “Entre los desaparecidos tenemos a un migrante oaxaqueño, un ciudadano de Estados Unidos y una mujer”, dijo Ramos quien señala “exclusivamente a la marina” de estar detrás de estas muertes y desapariciones sobre las que habría avisado desde hace varios meses tanto al Gobierno como a la Comisión de Derechos Humanos (CNDH).
En su acusación pública desde Ginebra, el Alto Comisionado de Naciones Unidas señaló que “lo que ha estado sucediendo en Nuevo Laredo es una prueba crucial para verificar si la nueva Ley General de Desapariciones representa realmente el cambio que su adopción promete o si las desapariciones forzadas continuarán, seguidas de impunidad y falta de reparación a las víctimas».
Para Ramos, sin embargo, la investigación que el gobierno ha puesto en marcha “es un anuncio más a los que estamos acostumbrados sin que haya nunca ni conclusiones ni detenidos”.
Las autoridades federales insistieron en que viajarán a Tamaulipas próximamente para conocer «el contexto, sus versiones, preocupaciones y necesidades de protección y también brindarles el apoyo y asistencia que resulten necesarios».
Fuente: El País