Un tribunal federal ordenó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala, debido a que hay elementos para presumir que cinco de los principales acusados por la Procuraduría General de la República de participar en la desaparición y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fueron torturados.
Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado con residencia en Tamaulipas otorgaron un amparo a María de los Ángeles Pineda Villa, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, Salvador Reza Jacobo, Gildardo López Astudillo, El Gil, y Miguel Ángel Landa Bahena, para que se les reponga el procedimiento iniciado en su contra.
El tribunal colegiado también ordenó a la PGR que presente dictámenes elaborados por peritos independientes que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul; en caso de no presentarlos con las exigencias del protocolo, se determinó que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura.
Los magistrados establecieron que la investigación el Caso Ayotzinapa, no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la Procuraduría General de la República, como lo exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los Protocolos adoptados por la Organización de las Naciones Unidas.
“En consecuencia, ante las graves violaciones a los derechos humanos, como lo son la tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, y debido a que se ordenó investigar la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, aunado a que en México no se cuenta con una Fiscalía independiente, se determinó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)”, indicó.
El tribunal señaló que la comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, siendo los dos primeros quienes decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar, y podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.
En la sentencia, los magistrados señalan la necesidad de cumplir con el derecho fundamental de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos. Para lo cual armonizaron los artículos 20 constitucional, que contempla el derecho de las víctimas a participar en la investigación, y el 21 de la misma Carta Magna que establece que la investigación incumbe al Ministerio Público.
Fuente: Milenio