Alrededor de 12 organizaciones sindicales mineras pidieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolver favorablemente la apelación presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en contra de la candidatura plurinominal al Senado de Napoleón Gómez Urrutia.
En conferencia de prensa, quienes se declararon “Amigos de Corte”, subrayaron que la candidatura del dirigente del sindicato minero, promovida por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es improcedente, porque viola el artículo 32 de la Constitución.
Los principales dirigentes sindicales señalaron que dicho precepto legal establece que “para poder ser diputado o senador se requiere haber nacido en México y/o no haber solicitado la nacionalidad de otro país”.
Precisaron que en el caso de Gómez Urrutia no se cumple esta condición, puesto que a unos años de haberse ido a radicar a Canadá, solicitó la nacionalidad de ese país, lo que lo hace inelegible para ocupar un escaño en el Senado.
Al dar a conocer la creación de la Unión Nacional de Sindicatos Minero-Metalúrgicos y Metal-Mecánicos del México (Unasim), en la sede de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Pavón Campos, Javier Villarreal Gámez, José Martín Perales y Elías Morales, entre otros, detallaron que se trata de un personaje impresentable.
Explicaron que además de pretender violar la Constitución, la verdadera razón de Gómez Urrutia para buscar la senaduría es contar con fuero para evitar ser detenido por las autoridades judiciales mexicanas, dado que aún existen seis procesos legales en su contra.
Indicaron que existe un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que no ha acatado y mediante el cual las autoridades laborales lo condenaron a pagar 55 millones de dólares que se apropio ilegalmente.
Recordaron que se trata del dinero depositado en un Fideicomiso Minero por concepto de pago por la liquidación de la mina de Cananea y que debió ser repartido entre seis mil trabajadores.
Los integrantes de esta agrupación de sindicatos rechazaron el argumento de que Gómez Urrutia es un perseguido político, pues señalaron que en realidad es un perseguido, pero de la justicia mexicana por ser un delincuente.
Fuente: La Razón