Decenas de miles de integrantes de organizaciones sociales, sindicales y políticas marchaban el viernes por la capital argentina en una protesta que refleja el creciente descontento social por las políticas de ajuste del presidente Mauricio Macri y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
Los manifestantes confluían en Buenos Aires en la llamada Marcha Federal iniciada hace cuatro días en diferentes puntos del país y que finalizará en las próximas horas ante la casa de gobierno en la Plaza del Mayo.
Allí los líderes de la protesta, a la que se han sumado dirigentes de derechos humanos, reclamarán leyes que garanticen la alimentación de los más humildes, la adquisición de tierras agrícolas por parte de familias de escasos recursos y la generación de infraestructura y trabajo en barrios carenciados.
La manifestación se suma a una serie de protestas en los últimos meses realizadas al calor de las fuertes subas de las tarifas de agua, luz y gas y el aumento del transporte público que han recalentado la inflación, la cual sería este año igual o mayor a la de 24,8% registrada en 2017, según economistas privados.
La protesta está liderada por organizaciones sociales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, el Movimiento Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa. Participan además combativos sindicatos como el que agrupa a los empleados estatales y el de los camioneros.
“Este país, tal cual está, es inviable socialmente sino no se atienden los problemas… el presidente desconoce los grandes padecimientos que afectan a nuestra sociedad”, dijo en su cuenta de Twitter Daniel Menéndez, coordinador nacional del Movimiento Barrios de Pie.
La manifestación tiene lugar un día después de que el presidente vetara una ley aprobada por la oposición que frenaba el alza tarifaria, con el argumento de que hubiera producido un agujero fiscal de unos 110.000 millones de pesos (4.330 millones de dólares). Ello recrudeció las críticas de sindicatos y agrupaciones de izquierda contra Macri, un conservador abocado a implementar un plan de reformas económicas que desmantele las políticas populistas de su antecesora, Cristina Fernández (2007-2015).
Los manifestantes también se oponen al límite de 15% fijado por el gobierno para las negociaciones salariales por sector y rechazan la precariedad laboral.
El FMI es blanco a su vez de duras críticas debido a que se da por descontado que el organismo crediticio exigirá al país una mayor reducción del gasto público para conceder el préstamo, cuyo monto todavía no ha sido revelado.
“Hay mucha preocupación por el papel central que empieza jugar el FMI en la política económica”, dijo Menéndez.
Argentina acudió de nuevo al Fondo tras ser sacudida semanas atrás por una crisis cambiaria durante la cual el peso sufrió una fuerte devaluación que obligó al Banco Central a vender miles de millones de dólares de reservas. El gobierno argumentó que el préstamo impedirá una crisis económica de mayor magnitud.
El FMI es considerado por los argentinos como el responsable de los planes de ajuste que contribuyeron a empobrecer a la población y desencadenaron la crisis económica y social de 2001, la más grave en la historia del país.
Pero el gobierno de Macri sostiene que la ayuda que recibirá del organismo no será a costa de desatender a los sectores desfavorecidos, en un país donde la pobreza afecta a cerca de 30% de la población.
Fuente: La Razón