Las elecciones de este año en México están siendo amenazadas por la inseguridad, especialmente a nivel local. El año pasado se registraron 25 mil homicidios dolosos, convirtiéndose así en el más violento del sexenio y 2018 podría superarlo. Esta crisis ha impactado en la política electoral, pues hoy vemos que candidatos, políticos y funcionarios en todo el país están sufriendo ataques e incluso algunos han perdido la vida a manos del crimen organizado.
De acuerdo con Etellekt Consultores, en lo que va del proceso electoral, han sido asesinados 110 políticos, de los cuales 41 eran precandidatos o candidatos. Adicionalmente, cerca de 120 han recibido algún tipo de amenaza o intimidación, 47 han sufrido atentados en contra de su familia y 40 fueron agredidos físicamente. Este conteo no incluye el asesinato reciente de dos candidatas y una regidora en Oaxaca y Puebla.
Esto último demuestra que es a nivel local donde los políticos corren mayor peligro, aun estando en funciones.
Con base en cifras reportadas por la Asociación de Autoridades Locales de México, durante este proceso electoral, han sido asesinadas 19 autoridades locales, de las cuales ocho eran alcaldes en el cargo y cuatro exalcaldes. La mayoría de estos sucesos se han concentrado en Puebla, Veracruz, Hidalgo, Guerrero y Jalisco.
También han afectado a todas las fuerzas políticas, aunque el PRI es el partido que ha sufrido las mayores bajas.
Estar en el servicio público como alcalde se ha vuelto especialmente peligroso desde que inició la guerra contra el crimen organizado.
Por ejemplo, en 2006 la tasa de alcaldes asesinados era de 0.41 por cada mil alcaldes, poco más elevada que la tasa de homicidios dolosos por cada mil habitantes que fue de 0.11 ese mismo año. En 2010, el año más letal para ser presidente municipal, la tasa de alcaldes asesinados fue de 6.51, cifra 36 veces mayor que la tasa de homicidios dolosos.
Si bien, la situación ha mejorado desde entonces, desde 2015 la violencia contra autoridades locales ha aumentado constantemente, lo que pone en riesgo la dinámica política y la gobernabilidad locales.
Fuente: El Financiero