Un día después de la elección de Iván Duque como presidente de Colombia, el Congreso tomó una decisión que aplaza de manera indefinida la aprobación del reglamento de la Justicia Especial parala Paz (JEP), el sistema encargado de juzgar los crímenes del conflicto armado. El plan salió adelante el lunes por la noche tras ser impulsado por el Centro Democrático, el partido de Duque, liderado por el exmandatario Álvaro Uribe y mayoritario en el Parlamento, y supone el primer gran desafío al Gobierno de Juan Manuel Santos. Este reiteró la «urgencia» del procediemiento. «Si no se aprueba mañana, convocaré a [sesiones] extras. La paz tiene que estar por encima de cálculos políticos», escribió el presidente saliente en Twitter.
La iniciativa no es irreversible y, al menos por el momento, tiene sobre todo un importante peso simbólico, puesto que la JEP, que ya está constituida, puede funcionar, caso por caso, incluso sin ese reglamento. Pero el organismo que tiene que juzgar a todos los actores involucrados en medio siglo de conflicto armado con la exguerrilla de las FARC sufrió un nuevo retraso en su labor. «Tiene vida gracias a la Constitución y si no hay un proyecto de ley de procedimiento lo que va a ocurrir es que la JEP, por la vía de la jurisprudencia, va a seguir tomando decisiones procesales», explicó en declaraciones a los periodistas el ministro del Interior, Guillermo Rivera, «Por eso, nosotros insistimos en la urgencia de que este proyecto de ley sea aprobado. El Gobierno no se va a resignar, va a insistir. Tenemos el compromiso indeclinable de implementar normativamente el acuerdo de paz», enfatizó.
En cualquier caso, este movimiento demuestra la voluntad de Uribe, principal opositor a los acuerdos, y el uribismo, que fue la plataforma que impulsó al nuevo presidente. El derechista Duque, a diferencia de las voces más radicales de su coalición, asegura que no tiene la intención de «hacer trizas» lo pactado en La Habana con la antigua guerrilla y, en su primer discurso tras conocer los resultados de las elecciones presidenciales, afirmó que buscará los cauces para permitir a los exguerrilleros de las FARC una «desmovilización y reinserción efectiva». Sin embargo, al mismo tiempo dejó claro que modifcará esos acuerdos. Y esos cambios entrañan obstáculos como este. El proceso de paz, dijo, «tendrá correcciones para que las víctimas de verdad sean el centro del proceso y garanticemos verdad, justicia, reparación y no repetición». Lo que quiere decir que esas correcciones afectarán, de entrada, a la JEP, uno de los ejes del proceso de paz.
El presidente electo (asumirá el cargo el 7 de agosto) no está de acuerdo con este sistema ideado entre las FARC y representantes del Gobierno de Santos durante más de cuatro años de negociación. La JEP establece penas alternativas a la cárcel y una amplia amnistía para los antiguos combatientes. Duque también rechaza que los que fueron líderes de la guerrilla ocupen los escaños pactados. Aboga porque cumplan prisión antes de sentarse en el Congreso.
Los congresistas de algunos de los partidos más críticos en las pasadas legislaturas con el expresidente Álvaro Uribe empezaron esta nueva etapa manifestando en el Senado su respaldo al mandatario electo, Iván Duque. Así lo hicieron sectores del santismo, agrupados en el Partido de la Unidad Nacional, miembros del Partido Liberal, del Partido Conservador y de Cambio Radical, la formación del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
Las nuevas Cámaras, elegidas el pasado 11 de marzo, demuestran así que, salvo que cambien los equilibrios de las bancadas, solo habrá una oposición clara al Gobierno de Duque, liderada en número por los Verdes, que aumentaron su representación y que en la segunda vuelta de las presidenciales se adhirieron a la candidatura del izquierdista Gustavo Petro.
“Respetamos las decisiones que se adopten en el Congreso, pero manifestamos nuestra preocupación”, señaló Patricia Linares, presidenta de la JEP. “No se puede dilapidar una opción como esta y más cuando el proyecto ha ido avanzando de manera positiva, cuando el país entero, las víctimas, nosotros mismos y la comunidad internacional reclaman la urgencia de tener unas normas de procedimiento”.
La responsable de la Justicia Especial también recordó que esta decisión no paraliza completamente su trabajo: “Hemos avanzado atendiendo y acudiendo al marco normativo, principalmente al Acto Legislativo 01 del 2017”. Es decir, las salas que componen este tribunal se arrogan a su rango constitucional y a las normas que contempla la ley que menciona Linares para continuar. “Hay temas que necesitan de ese otro procedimiento y por eso insistimos en la necesidad de que el Congreso responda”, especificó.
Fuente: El País