La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó al Estado mexicano a poner en marcha la sentencia del Tribunal de Tamaulipas que ordena la reposición de la investigación del caso Ayotzinapa y la creación de una Comisión de la Verdad.

Durante el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento de Ayotzinapa que se presentó en la sede de la CIDH en Washington, la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño señaló que la decisión del tribunal es “una sentencia judicial que debe ser cumplida, es inapelable y tiene fuerza de ejecución”.

Destacó que el sistema judicial mexicano alcanzó una sentencia trascendente de reconducir una investigación en el reconocimiento de las irregularidades que se dan en el proceso de investigación.

También consideró que la responsabilidad de Estado es la misma, aunque se dé un cambio de gobierno, “lo que importa, es que el Estado asuma la responsabilidad de justicia y la verdad y que no sea esa circunstancia la que va a determinar la continuidad del proceso, porque es emblemático y no sólo es importante para la justicia en México, sino para todo el mundo”.

El comisionado Luis Vargas mencionó que “no puedo concebir que en más de tres años y medio no exista un resultado fehaciente algo que pueda decir que hay avances”, “esto se puede seguir viendo como un fracaso” .

Agregó que la verdad no admite clasificaciones y eso de la verdad histórica es un eufemismo que se ha creado para distorsionar el fondo de los hechos. Además, dijo que con base en la sentencia del Tribunal de Tamaulipas esa “verdad histórica sí quedo sepultada… y no era correcta”.

En el informe del Mecanismo se dio a conocer que la CIDH observa la falta de celeridad en alcanzar conclusionestanto en las actividades de búsqueda, como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI, aun cuando se estableció un cronograma para tal efecto que sigue pendiente y monitoreándose.

La CIDH consideró que las investigaciones continúan fragmentadas, y requieren de un análisis integral y preocupa que muchas de las diligencias parecen quedar incompletas, son descartadas o dejan de ser impulsadas procesalmente.

Se ha solicitado al Estado que explique, ante la cantidad y la calidad de la información que obra en el expediente, el cambio de narrativa, sin tener una respuesta concreta. La Comisión reitera que, a la fecha, no hay persona alguna en esta causa que esté siendo procesada bajo el tipo delictivo de desaparición forzada y no hay una sola sentencia condenatoria.

Resalta la importancia de realizar una búsqueda clara, integral y certera sin duplicar esfuerzos institucionales y de contar con una base de datos de fosas en el estado de Guerrero. Ello contribuirá a comprender en mayor dimensión el contexto de desapariciones y el modus operandi, asimismo, permitirá profundizar el análisis respecto de patrones de inhumación que permitan alimentar las búsquedas.

Respecto de la investigación, el Mecanismo Especial observa que se avanzó en diversos aspectos como: la presentación de acusaciones en contra de autoridades policiales; los análisis de telefonía que incluyen el análisis a los teléfonos de los estudiantes desaparecidos que tuvieron actividad después de la medianoche del 26 de septiembre de 2014; la obtención de información por medio de la asistencia jurídica internacional con Estados Unidos, y la investigación sobre el quinto autobús y el tráfico de drogas en otras líneas de autobuses.

En particular, el Mecanismo reconoce que el Estado mexicano reconoció el tráfico de drogas en Guerrero hacia Estados Unidos en autobuses. La información recibida como producto de la asistencia.

Fuente: Milenio