La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció “graves violaciones a los derechos humanos” por parte del gobierno represor venezolano, como medida para ejercer presión internacional y demandar sanciones contra el régimen del presidente Nicolás Maduro.
Tras documentar cientos de homicidios, violencia de las fuerzas de seguridad, presuntas ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias y casos de tortura durante las protestas ocurridas el año pasado debido a la convocatoria de un Congreso Constituyente, la oficina de derechos humanos del organismo exigió a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya mayor implicación en el caso que califica como “una espiral descendente que no parece tener fin”.
Al respecto, el alto comisionado de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, recomendó a la Corte actuar ante la impunidad generalizada y la inacción del Estado, debido a que este último no ha mostrado “la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de esas violaciones”.
De acuerdo con un informe sobre el panorama venezolano, la mezcla del aparato chavista con los abusos de la policía y el Servicio Bolivariano de Inteligencia y otras autoridades fue lo que desencadenó la crisis alimentaria y ola de violencia que vive desde hace más de un año el país sudamericano; y además muestra la falta de Estado de derecho en la región.
En dicho expediente reporta que se registraron 505 muertes a manos de las fuerzas armadas, quienes operan de modo similar al grupo que lucha contra el crimen organizado (Operaciones de Liberación del Pueblo), es decir, simulan enfrentamientos para afirmar que fueron atacados, lo que generó un intercambio de disparos; o arrestos de presuntos criminales, pese a no tener orden judicial.
Cabe destacar que las llamadas OPL fueron rechazadas por la exfiscal Luisa Ortega, quien huyó a Colombia desde el año pasado debido a las acusaciones de Maduro en su contra, por presuntos abusos, lo que derivó en más de 350 procedimientos en su contra por acciones ilegales.
Ante las 46 muertes ocurridas durante las protestas masivas en diversas ciudades de Venezuela, durante el periodo de abril a junio de 2017, la ONU inició una investigación; sin embargo, el gobierno de Maduro le negó el acceso al país, hecho que impide dar cuenta de la situación violenta, denuncia el representante.
Sobre los arrestos arbitrarios, el organismo internacional que contabilizó al menos 90 casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes desde 2014, hechos que representan actos de tortura.
Asimismo, el estudio expone las crisis alimentaria y de salud, mismas que el gobierno venezolano ha preferido “ignorar”, de acuerdo con las Naciones Unidas, pues se ha negado a reconocer su magnitud, así como cumplir con su obligación en la materia.
El Dato: Desde hace unos días, la ONU llamó a crear una comisión de investigación para detectar y sancionar las violaciones a derechos humanos ocurridas en este país.
Y le pide abrir puertas para evaluar situación
Ante la negativa del ingreso de personal de la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) a Venezuela, el alto comisionado del organismo en derechos humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, llamó a abrir sus puertas para verificar las condiciones del país.
Señaló que hasta el momento sólo cuenta con información acerca de la crisis alimentaria y de las ejecuciones extrajudiciales por los testimonios de las víctimas. Señala que pese a las repetidas solicitudes, a más de un año de las protestas masivas contra el gobierno venezolano, este país no le permite entrar a su territorio para analizar y exponer la gravedad de la situación en que se encuentra.
“El informe se compiló a partir de 150 entrevistas y reuniones mantenidas con venezolanos, incluyendo al menos 78 víctimas y testigos, así como un amplio abanico de fuentes. Los resultados indican que se sigue aplicando una política de represión contra quienes disienten del gobierno”, precisó.
De acuerdo con un reporte del organismo, ante los casos de represión y violaciones a derechos humanos, sólo se sabe que un caso se encuentra en juicio formal, y además, que “desaparecieron” pruebas esenciales de casos denunciados.
Al respecto, el funcionario señaló que “desde hace años se vienen menoscabando las salvaguardias y los equilibrios institucionales, así como el espacio democrático en Venezuela, lo que deja un escaso margen para hacer rendir cuentas al Estado”.
También recordó que previo a que la exfiscal Luisa Ortega huyera del país, se iniciaron 373 averiguaciones en contra de agentes de las fuerzas de seguridad por presuntos abusos contra la población, principalmente jóvenes manifestantes.
Ante la situación de violencia, instó Maduro y a la comunidad internacional a tomar medidas inmediatas para evitar un mayor deterioro.
Fuente: La Razón