El régimen de Evo Morales dio luz verde a una nueva modalidad de expropiaciones, respaldada por la polémica Ley de Empresas Sociales, que entrega el control de empresas en quiebra, en liquidación o “abandonadas” a los trabajadores, en medio de las críticas de empresarios, que consideran que es una vulneración de los derechos a la propiedad privada.
“Esta ley no es para quitar la industria a los privados, es para reactivarla en defensa de sus fuentes de trabajo y resguardo del interés social”, justificó Morales, en un acto tras la marcha del Día del Trabajador.
“La creación de empresas sociales no es para quitar sus empresas o industrias a los privados… Si ese privado no puede, o abandona, o está en déficit, ahí los trabajadores se organizan para tener una empresa social… Queda promulgada nuestra ley de empresas sociales…misión cumplida, nos hemos tardado, pero era importante promulgar esta norma”, anunció el mandatario.
“Esta ley no es para quitar la industria a los privados, es para reactivarla en defensa de sus fuentes de trabajo y resguardo del interés social”
Juan Carlos Huarachi, dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), aseguró que el sector trabajador se siente capacitado para cualquier función. “Cierren una empresa y nosotros nos vamos a organizar y nos vamos a hacer cargo”.
La entrega de propiedades al Estado en modelos socialistas ha fracasado. En Venezuela, más de cinco millones de hectáreas productivas expropiadas es el saldo de la “guerra contra el latifundio” que inició el presidente fallecido Hugo Chávez Frías en 2005, y continuó su sucesor, Nicolás Maduro.
“De producir alimentos para todos los venezolanos, ahora esas tierras sólo producen lástima. El resultado de esa ‘guerra contra el latifundio’ es un fraude. Esas tierras se las entregaron a campesinos sin ningún tipo de ayuda, como financiamiento, capacitación, asistencia técnica e insumos. Ahora no producen nada”, aseguró a El Nacional, Aquiles Hopkins, presidente de Fedeagro.
La ley promulgada ayer por Morales, que fue aprobada la semana pasada en la Asamblea Legislativa, causó molestia en el sector empresarial, que luego se declaró en emergencia y anunció un proceso de inconstitucionalidad.
“La promulgación de esta norma abre el camino para confiscar la propiedad privada e inviabilizar la apertura de empresas en el país”
Ronald Nostas, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, expresó que es una norma que vulnera los derechos básicos y pone en riesgo la propiedad privada. “Lo que parece una grave irresponsabilidad con el país”.
Durante los ocho años ha tomado al menos 20 empresas que van desde mineras y empresas eléctricas hasta compañías de hidrocarburos y proveedoras de servicios.
Morales decretó ayer un aumento salarial de 5.5 por ciento, pese al fuerte rechazo empresarial que advirtió que estas medidas destruyen “el trabajo digno” en un país en el que 60 por ciento de la fuerza laboral trabaja en el sector informal.
Fuente: La Razón