El Gobierno español aprobó hoy recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la reforma de la Ley de Presidencia de la Generalitat de Cataluña que, eventualmente, permitiría la investidura a distancia del expresidente Carles Puigdemont, que está en Alemania.
El recurso fue aprobado en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, presidido por Mariano Rajoy, y cuenta con el aval del Consejo de Estado, un órgano consultivo no vinculante.
Hoy mismo se registrará el recurso en el TC, que esta semana está reunido en pleno, por lo que podría admitirlo a trámite a lo largo de esta misma jornada y eso supondría la suspensión automática de la ley.
La norma fue aprobada la semana pasada por el Parlamento de la región de Cataluña y haría posible el supuesto de una elección a distancia del independentista Puigdemont, que a finales de octubre huyó de España y es prófugo de la Justicia, que le quiere procesar por rebelión y malversación.
Ahora Puigdemont está en Alemania, donde fue detenido y a la espera de que se resuelva la petición de extradición por parte de España, donde es reclamado por delitos relacionados con la declaración de independencia de Cataluña.
Un primer intento del líder secesionista de ser investido presidente, hace unos meses, ya fue paralizado por el TC, pero sus correligionarios quisieron después impulsar una ley regional para hacerlo posible.
El Tribunal Supremo español rechazó hoy los recursos presentados por Puigdemont y otros 22 investigados en el caso del ilegal proceso independentista catalán, de forma que confirma sus procesamientos en la causa.
El juez Pablo Llarena confirmó así el procesamiento que él mismo dictó el pasado 21 de marzo por delitos de rebelión, malversación y desobediencia, según los casos.
El delito de rebelión está penado con hasta 25 años en la legislación española.
Llarena reafirma en el auto que concurre el requisito de violencia en el delito de rebelión y que los datos de Hacienda coinciden con los indicios de malversación recogidos en su investigación.
El juez del Tribunal Supremo procesó por rebelión a trece de los investigados, entre ellos a Puigdemont, al entonces vicepresidente del Gobierno regional catalán, Oriol Junqueras, y a siete miembros de su gabinete, así como a la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell.
Cuatro de ellos están huidos de la Justicia, entre ellos Puigdemont, y el resto está en prisión provisional.
Los procesados, que rechazaron las acusaciones en sus recursos, tienen cinco días para recurrir esta decisión.
Llarena afirma que en el caso hipotético de que no se acreditara la violencia, ello no conduciría al archivo de las actuaciones, ya que los hechos no excluyen la acusación por un delito de sedición ni tampoco de conspiración para la rebelión.
Fuente: Excélsior