Cuando Teodora del Carmen Vásquez salió del Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango hace unas semanas, abrazó a sus padres y a su hijo adolescente y se unió a un movimiento para cambiar una ley antiaborto que le robó más de una década de su vida.

En El Salvador, donde una prohibición total del aborto conduce a una sospecha inmediata de las mujeres cuyos embarazos no terminan con un bebé saludable, Vásquez fue marcada como una criminal después de que comenzó a sangrar y dio a luz a un bebé muerto. Sentenciada a treinta años de cárcel por homicidio agravado, fue liberada solo después de que la Corte Suprema de Justicia determinara que no había suficiente evidencia para demostrar que había matado a su bebé.

“Este es el momento de hablar, es el momento de actuar”, dijo Vásquez, quien durante el tiempo que estuvo en prisión fue la vocera de dos decenas de mujeres acusadas por los mismos motivos. “Con la situación en la que estamos ahora, en unos cuantos años será un delito ser mujer en El Salvador”.

Aunque América Latina se ha movido lentamente hacia la eliminación de las restricciones del aborto, seis países siguen manteniendo una prohibición absoluta, incluso en aquellos casos en los que la vida de la madre está en riesgo. Y ningún otro país hace cumplir esa prohibición con el celo de El Salvador.

Sin embargo, los grupos a favor de los derechos de las mujeres y sus aliados en el Congreso creen que ya pueden lograr una mayoría de votos para aprobar el aborto en ciertos casos. Dos iniciativas de ley han sido propuestas en la legislatura, con lo que se ha abierto el debate sobre el tema por primera vez desde que la prohibición fue aprobada hace dos décadas.

El ministerio de Salud ha mostrado su apoyo para cambiar la ley y los médicos han comenzado a comentar al respecto porque argumentan que la prohibición los deja atados de manos para tratar embarazos de alto riesgo. Organizaciones internacionales han condenado la prohibición como una violación a los derechos de las mujeres y Chile, que hizo menos estricta su prohibición en agosto, ha sido un ejemplo muy influyente.

“Hay un amplio espectro de grises y necesitamos dialogar sobre el tema”, dijo Johnny Wright Sol, un legislador que el año pasado se separó del partido de derecha Arena y propuso una iniciativa de ley para permitir el aborto cuando la salud de la madre esté en riesgo o para una menor de edad que haya sido violada.

“Es un enfoque muy conservador”, dijo Wright. “Es un estándar mínimo en comparación con la modernidad del siglo XXI”.

Otra propuesta de ley busca extender las excepciones a la prohibición para que incluya el aborto en todos los casos de violación y aquellos que involucran un feto inviable. Las personas que apoyan la propuesta tienen la esperanza de realizar la votación antes de que el periodo de la Asamblea Legislativa termine a finales de abril, y antes de que la nueva asamblea que fue elegida el mes pasado —integrada por legisladores más conservadores– entre en funciones.

Los defensores han combinado su cabildeo con una campaña en redes sociales enfocada no solo en la salud de las mujeres, sino también en el daño hecho a las familias cuando una madre es procesada judicialmente o su vida está en riesgo. Keyla Cáceres, una de las organizadoras de la iniciativa, dijo que los canales de televisión más importantes de El Salvador se negaron a difundir los anuncios pero la campaña compró comerciales de radio y convenció a los periodistas para que cubran el tema, además de conseguir el apoyo de médicos, expertos legales y economistas.

Lorena Peña, una legisladora del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el partido de izquierda que en 2016 propuso la iniciativa con las excepciones más amplias, dijo: “Creo que hay menos fundamentalismo ahora. El debate ha sido más amplio”.

Sin importar lo que ocurra en las próximas semanas —Peña dijo que los legisladores de derecha temían que apoyar los cambios los alejaría de las personas adineradas y conservadoras que los respaldan— aquellos que impulsan hacer menos estricta la prohibición dicen que continuarán su campaña. “No soy pesimista”, dijo. “No está escrito en piedra, así que se puede cambiar”.

Wright argumentó que la resistencia a cambiar la ley “responde a una sociedad violenta, al machismo, a la pobreza”, en vez de cualquier reflejo de la sociedad conservadora de El Salvador. “Como político, la salida fácil es decir: ‘Soy provida y estoy en contra del aborto’”, dijo. “Es una manera de no profundizar en los temas que están causando gran cantidad de nuestros problemas”.

Aunque el debate público ha logrado el apoyo de algunos legisladores indecisos, muchos de ellos argumentan en privado que el aborto no es tan importante para los salvadoreños, cuya principal preocupación es la inseguridad, dijo Morena Herrera, una activista de los derechos de las mujeres que dirige la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico Ético y Eugenésico, una organización que apoya las excepciones a la prohibición del aborto.

“Esto muestra la valoración de los problemas que enfrentan las mujeres pobres”, dijo. “Si no logramos ahora estos cambios, se condena a otra generación de niñas a vivir con esta injusticia, esta incertidumbre”.

El aborto es penalizado con hasta ocho años de prisión, pero un buen abogado puede conseguir una sentencia reducida de arresto domiciliario, dijo la legisladora Peña. Sin embargo, mujeres de escasos recursos que sufren abortos espontáneos en los últimos meses de gestación o dan a luz a bebés muertos han sido sentenciadas por homicidio agravado o intento de homicidio.

Vásquez, de 34 años, se encontraba en su trabajo en la cafetería de una escuela cuando comenzó a sangrar y pidió atención médica antes de perder la conciencia y sufrir el nacimiento de un hijo muerto. Los fiscales inicialmente la acusaron de aborto y después cambiaron la acusación a homicidio agravado. Ella nunca se reunió con su defensor público.

Fue liberada en febrero pasado después de que la Corte Suprema acortara su sentencia.

Semanas más tarde, Maira Figueroa Marroquín dejó la cárcel de Ilopango después de que el gobierno acortara su sentencia de treinta años. En 2003, cuando era una empleada doméstica de 19 años, Figueroa comenzó a sangrar profusamente en el trabajo —cuando se encontraba en los últimos meses de su embarazo— y, similar a Vásquez, primero fue acusada de aborto y después de homicidio agravado, según la Agrupación Ciudadana.

En su veredicto, la corte reconoció que no había evidencia clara de un homicidio, pero dijo que los “hechos demostrados” habían llevado a esa conclusión. Ella estuvo en prisión casi quince años.

Desde 2015, los abogados han logrado la liberación de cinco mujeres. Sin embargo, veinticuatro mujeres sentenciadas por la ley del aborto permanecen en la cárcel y otra está en proceso, dijo Elida Caballero Cabrera, la asesora para el Centro de Derechos Reproductivos en Washington.

En un reciente estudio que analiza cómo el discurso antiaborto se había filtrado en esos procesos judiciales, Jocelyn Viterna, una socióloga de la Universidad de Harvard, y José Santos Guardado Bautista, un abogado que trabaja con el fiscal general de El Salvador, descubrieron que las palabras “aborto” y “homicidio” fueron usadas indistintamente por los reportes noticiosos y funcionarios legales de alto rango.

“No fue sorprendente que esa misma falta de claridad entre aborto y homicidio en el discurso cultural se institucionalizara” en el sistema judicial del país, escribieron.

Los grupos antiaborto afirman que los casos de mujeres encarceladas no están relacionados con la prohibición y que la principal preocupación debería ser mejorar la atención médica de las embarazadas. “Si hubo una injusticia contra esas mujeres, fue un error en el proceso”, dijo Sara Larín, la vocera del grupo católico Vida SV.

Los activistas que se oponen a hacer menos estricta la prohibición han iniciado su propia campaña, al argumentar que el decreciente nivel de mortalidad materna demuestra que los doctores pueden manejar exitosamente embarazos de alto riesgo sin eliminar la prohibición.

En casos de violación, “ir a quitar el niño no va a quitar el trauma”, dijo Mario López Saca, asesor médico de la Asociación de Bioética de El Salvador, un grupo que argumenta que la vida humana comienza en el momento de la concepción. Cuando un feto es inviable, los cuidados paliativos son la mejor opción para la madre, dijo López Saca y agregó: “El aborto es una solución cobarde”.

No obstante, la ministra de Salud, Violeta Menjívar, ha dicho que trece mujeres murieron entre 2011 y 2015 por embarazos ectópicos, en los cuales el embrión se desarrolla afuera del útero sin posibilidades de supervivencia. Otras 36 mujeres murieron durante ese periodo cuando las enfermedades crónicas fueron exacerbadas por el embarazo.

En 2015, 1445 niñas cuyas edades oscilaban entre los 10 y los 14 años se embarazaron, de acuerdo con los datos del ministerio. Niñas y mujeres jóvenes enfrentan un alto riesgo de violación en casa y en la calle debido a las pandillas, afirma el gobierno.

Guillermo Ortiz Avendaño, quien durante veinte años dirigió la unidad que supervisa los embarazos de alto riesgo en el Hospital Nacional de la Mujer en San Salvador, dijo que el argumento sobre las tasas de mortalidad era erróneo.

La mejora se ha producido gracias a los nuevos protocolos para complicaciones en los últimos meses del embarazo, dijo, y la prohibición evita que los doctores ofrezcan un tratamiento rápido en etapas tempranas. “Es absolutamente reprochable desde el punto de vista médico”, dijo Ortiz sobre las pacientes cuyas vidas están en riesgo. “Estamos esperando hasta que esté grave para poder intervenir”.

“Cuando solo una mujer muere, es el 100 por ciento de todos los casos para su familia”, agregó.

Victoria Ramírez, una ginecóloga que apoya la modificación a la ley, dijo que la prohibición del aborto nunca fue cuestionada durante su entrenamiento. No obstante, ahora le molestan las restricciones.

Recientemente, una adolescente de 16 años con discapacidad mental que había sido violada llegó con un embarazo de alto riesgo al hospital regional donde trabaja Ramírez. “No pude darle una opción”, dijo. “Como doctores estamos entrenados para realizar la clasificación de urgencias. En este caso no se puede hacer un triaje”.

La joven, quien era de escasos recursos, entró en labor de parto unos dos meses antes de tiempo y fue trasladada a San Salvador donde los especialistas salvaron las vidas de la madre y el bebé después de un nacimiento peligroso. Sin embargo, el bebé tendrá graves problemas de desarrollo y no contará con medios para salir adelante, dijo Mendoza.

“Cuando una mujer está embarazada, pierde todos sus derechos porque el bebé tiene más derechos que ella”, dijo Ramírez.

Fuente: NYTimes