El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),Luis Raúl González Pérez, se manifestó a favor de crear un protocolo para la protección de alcaldes y candidatos a puestos de elección popular, pues «no se pueden cerrar los ojos ante la realidad».
En este sentido, dijo, tiene que haber protocolos para quien está siendo objeto de intimidación, hostigamiento y, sobre todo, de afectaciones a su integridad física e incluso a su vida.
De ahí el llamado, por un lado, a la sociedad para que condene enérgicamente estos hechos y, por otro, a las autoridades para que manden señales claras de que no habrá impunidad, indicó.
El ombudsman reconoció que mientras no haya un cambio de fondo en el modelo de justicia, es difícil pensar que se pueda terminar con el problema y puso de ejemplo los casos de algunas entidades que si bien ya no tienen Procuraduría, sino Fiscalía, mantienen el modelo ineficaz anterior
Asimismo, pidió que se cierren algunos huecos en la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción, donde también faltan un fiscal y varios magistrados, lo que envía señales erróneas en cuanto al combate a la corrupción.
Respecto a los crímenes contra candidatos, hizo ver que además de los agraviados directos, estos hechos violan los derechos humanos de sus familiares e incluso de la sociedad en general, que ve truncada una posibilidad política sobre la que podría haber votado.
Entrevistado luego de inaugurar el taller «Retos y oportunidades para la prevención de la tortura en México», González Pérez subrayó que las autoridades deben encontrar, procesar y sentenciar a los responsables de estos hechos, ocurridos en varios estados del país, con base en investigaciones serias.
Se debe poner fin a la impunidad y para erradicarla hace falta que se llegue a los culpables con base en la Ley, con profesionalismo y haciendo uso de sistemas de inteligencia, puntualizó.
Dejó en claro que es necesario castigar a los responsables, pero «no se puede caer en la tentación de que para conseguir justicia se incurra también en conductas ilícitas”.
Fuente: Excélsior