El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció el domingo la cancelación de una polémica reforma al sistema de seguridad social, que había detonado las protestas más violentas contra su gobierno desde que volvió al poder hace más de una década.

Las manifestaciones, que se han extendido por el país durante cinco días y han causado la muerte de varias personas y decenas de heridos, disminuyeron significativamente en Managua la tarde del domingo, según testigos, aunque estaba programada al menos una marcha para el lunes.

Horas antes del anuncio de Ortega, cientos de personas saquearon en la capital nicaragüense varios supermercados, y las calles de varias localidades del país estaban bloqueadas con piedras y llantas quemadas.

El mandatario dijo el domingo en un mensaje televisado que el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Seguridad Social decidió revocar la reforma, que habría elevado el aporte de los trabajadores y empleadores y reducido las futuras pensiones.

«Esta resolución (…) lo que está haciendo es revocando, cancelando la resolución anterior», afirmó.

Agregó que «habrá que trabajar en una mesa de diálogo para sacar la resolución que nos asegure el fortalecimiento de la seguridad social para el mediano y largo plazo».

Según un organismo local de derechos humanos las muertes sumaban 25 en el país, mientras que la Cruz Roja confirmó ocho, desde los seis del sábado, en las regiones donde ha ingresado, y hasta el viernes en la noche el gobierno había reportado casi una decena de muertes.

A última hora del sábado, medios locales informaron que un periodista de televisión murió baleado mientras transmitía en vivo un reporte sobre las protestas desde Bluefields, una ciudad en la costa caribeña afectada por los disturbios.

«En su mayoría han sido muertes por armas de fuego, otras por balas de goma en lugares muy sensibles como la garganta», dijo Marlín Sierra, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, a Reuters.

Ante el creciente descontento por la reforma, Ortega se había comprometido el sábado a revisarla. Sin embargo, las medidas enérgicas de la policía contra los inconformes y los obstáculos a algunos medios en los últimos días alimentaron críticas más amplias en su contra.

El principal organismo empresarial, COSEP, advirtió el sábado que no podría entablar conversaciones con el mandatario sobre la reforma de seguridad social hasta que se haya frenado la represión policial y restaurado la libertad de expresión.

El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió el domingo un «diálogo de base amplia» en Nicaragua para poner fin a la disputa y «restaurar el respeto» por los derechos humanos, instando al Gobierno a permitir que los medios operen libremente.

«Condenamos la violencia y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y otros contra civiles que ejercen su (…) derecho a la libertad de expresión y reunión», dijo la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, en un comunicado.

En tanto, el Papa Francisco, hablando ante decenas de miles de personas reunidas en la Plaza de San Pedro, llamó a «poner fin a todas las formas de violencia y a evitar el derramamiento de sangre sin sentido» en Nicaragua.

A estos exhortos se sumó el de los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, que en un comunicado conjunto llamaron «a las fuerzas de seguridad a ejercer sus facultades con la mayor prudencia para evitar el excesivo uso de la fuerza» permitiendo generar un clima que restituya la paz.

Nicaragua ha sido uno de los países más estables de América Central, evitando en gran medida la agitación política o la violencia del narcotráfico que ha golpeado a Honduras, El Salvador y Guatemala en los últimos años.

Ortega ha encabezado un período de crecimiento estable con una mezcla de políticas socialistas y capitalismo.

Pero críticos acusan a Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, de tratar de establecer una dictadura familiar. El país es uno de los más pobres de América.

Fuente: MVS